El Govern se desentiende de la prohibición en Martorell de llenar garrafas de agua en fuentes públicas

"No podemos valorar acciones de los ayuntamientos, siempre y cuando se adapten al marco normativo". Esta es la respuesta que ha dado el Govern por boca de su portavoz, Sílvia Paneque, el día después de que el Ayuntamiento de Martorell, en el que gobiernan con mayoría absoluta Junts y el PSC, haya aprobado una modificación de la normativa municipal para prohibir e imponer multas de hasta 750 euros por llenar con agua de fuentes públicas garrafas o botellas.

El alcalde, Xavier Fonollosa, justifica la medida "para acabar con la okupación", al tiempo que la plataforma vecinal 'Aliança per l'accés a l'aigua' está recogiendo firmas contra una medida que denuncia que "castigará a las personas más humildes". De hecho, en el caso concreto del alcalde de Martorell, se trata de un dirigente del partido de Carles Puigdemont que ha protagonizado polémicas por la negativa a empadronar en el municipio a ciudadanos en situaciones vitales precarias.

No obstante, el Govern se desentiende de la polémica con el argumento de que dan por sentado que, si la medida se ha llevado a cabo, es porque los servicios jurídicos del consistorio han dado su plácet. Tampoco se ha querido pronunciar Paneque sobre si considera que la medida del Ayuntamiento de Martorell puede vulnerar derechos de los ciudadanos, aunque sí que ha resaltado que se está haciendo un "trabajo muy intenso en la lucha contra las ocupaciones".

Rechazo en el Parlament

A diferencia del Govern, la medida aprobada por el Ayuntamiento de Martorell sí que ha generado muestras de rechazo en el Parlament, concretamente en los grupos de los Comuns y la CUP. "Es una medida clasista y autoritaria impropia de un partido democrático", ha disparado el portavoz de los Comuns, David Cid. Según él, es una decisión más propia de una formación de extrema derecha que de un alcalde de Junts. "Es una ordenanza [municipal] de la vergüenza hecha por un alcalde de la vergüenza", ha insistido.

La CUP ha apuntado en la misma dirección. La diputada Laure Vega ha considerado que es una decisión "aberrante" porque niega "derechos básicos" a la gente como el acceso al agua. Su explicación de lo ocurrido es que partidos como Junts y el PSC están entrando "en pánico" por el auge de la extrema derecha que detectan algunas encuestas y han decidido empezar a aplicar sus mismas "políticas de la miseria".

¿Qué harán, pues, para frenar las multas? Los Comuns presentarán una propuesta de resolución para que la Comisión de Derechos Sociales del Parlament reclame al Govern a frenar la medida. El texto presentado ante el registro de la Cámara pide a la Generalitat que vele por el "acceso universal" al agua potable en "espacios públicos" y también porque ninguna ordenanza imponga "sanciones contrarias a los derechos humanos". Estas resoluciones no son de obligado cumplimiento pero, si se aprueban, suponen un mandato que el Govern debe tener en cuenta.

La CUP también impulsará sus propias medidas, aunque por ahora las tiene en fase de estudio. Su argumento es que antes quieren reunirse con entidades sociales como la Aliança contra la Pobresa Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca del Baix Llobregat. En cualquier caso, los anticapitalistas no descartan acabar denunciando los hechos ante la justicia. De hecho, recuerdan que el Ayuntamiento de Martorell ya acabó ante los tribunales por querer negar el acceso al padrón a los inmigrantes en situación irregular.

Suscríbete para seguir leyendo