Cinco alcaldes de municipios rurales urgen al Govern a garantizar su viabilidad: "Luchamos para no desaparecer"

Evitar el cierre de un consultorio médico, garantizar la continuidad de la escuela o asegurar los recursos económicos suficientes para mantener el agua potable. Los municipios rurales hacen frente a la despoblación y para ello mantienen una lucha diaria para mantener los servicios que prestan a sus habitantes, una condición indispensable para que haya personas que decidan desarrollar su proyecto vital en ellos. No se trata de un fenómeno menor: de los 947 municipios que hay en Catalunya, 608 son rurales, pero dentro de esta categoría conviven muchas realidades distintas. Todos ellos esperan como agua de mayo el desarrollo del Estatut de Municipis Rurals, un marco normativo diseñado para, por primera vez, atender sus singularidades.

El Govern quiere volcarse en su despliegue. Prueba de ello es la cumbre que se celebra este sábado en el Món Sant Benet con alcaldes, que estará presidida por Salvador Illa y a la que acudirán hasta cuatro consellers. El objetivo es dar voz a los propios dirigentes territoriales para marcar la hoja de ruta del desarrollo de la norma. Cinco de ellos explican a EL PERIÓDICO cuáles son sus principales reivindicaciones.

Joan Solà, alcalde de Riner

"Se habla con romanticismo de la vida rural, pero no queremos ser un parque temático, lo que queremos es continuar existiendo", asegura Joan Solà, que además de presidir la Associació de Micropobles de Catalunya es, en representación de Junts, alcalde de Riner, un municipio de la comarca del Solsonès (Lleida) de unos 260 habitantes. Considera que es clave que el Estatut de Municipis Rurals se despliegue de forma "inmediata" para hacer frente a cuestiones como la simplificación administrativa. "Tenemos que cumplir con lo mismo que los municipios de 100.000 habitantes", asegura. También alerta de que hay escuelas rurales que cierran por falta de recursos, de la necesidad de reforzar el transporte y de mantener los servicios médicos para una población cada vez más envejecida. De hecho, dice que no hay vivienda disponible en Riner. "Nuestros hijos tienen que irse", lamenta. Para todo ello, sitúa la financiación como una necesidad "crucial".

Dionís Oña, alcalde de Montornès de Segarra

"Necesitamos ayuda para conservar los mínimos servicios que estamos obligados a prestar y no lo podemos asumir con nuestro propio presupuesto", relata Dionís Oña, alcalde de Montornès de Segarra de la comarca de la Segarra (Lleida) y senador del PSC. Su municipio tiene 96 habitantes y, entre ellos, solo hay seis niños, un dato que ilustra el envejecimiento y la falta de relevo generacional que sufren, además de tener viviendas abandonadas y otras directamente inhabitables. La urgencia, detalla, es tener financiación para mantener el alcantarillado, el agua potable, la recogida de basuras, el alumbrado público y, en estos momentos, evitar el cierre del consultorio médico. "Luchamos para no desaparecer", admite, además de tachar de "barbaridad" todo el papeleo al que tienen que hacer frente para la contratación de un servicio.

Omar Noumri, alcalde de Castelló de Farfanya

Omar Noumri no es solo el alcalde de Castelló de Farfanya de la comarca de la Noguera (Lleida), sino que ejerce también de secretario general en el Ayuntamiento de Almacelles. Eso le da una "doble visión" de los problemas del mundo local que, a bote pronto, resume en dos: la "precariedad administrativa" y la "extrema burocracia". Es uno de los fundadores de 'Eines de Repoblament Rural', un 'lobby' de alcaldes que remó para que el Parlament aprobara el Estatut de Municipis Rurals. Con ello confía en mejorar la financiación local y una "discriminación positiva" hacia los pueblos pequeños. "No queremos ser privilegiados, queremos igualdad de trato", resume como responsable de este municipio de 544 vecinos. Es el primer alcalde de origen árabe de Catalunya -nació en Argelia- y defiende que su caso de integración es un mísil a la extrema derecha: "Yo les desmonto el chiringuito".

Anna Feliu, alcaldesa de L'Albi

Anna Feliu, alcaldesa de L’Albi de la comarca de Les Garrigues (Lleida) y diputada de Junts, considera que el Estatut de Municipis Rurals es "un paso adelante" que "reconoce" sus singularidades, pero lamenta su falta de "concreción" y aplicación práctica. Denuncia la escasa financiación -"casas hay las que hay y llega un momento en que no puedes subir más el IBI"- y critica que la ley de urbanismo no se adapte al entorno rural, al exigir urbanizar calles o reservar zonas verdes "cuando al final de la calle hay un campo de almendros". También se queja de que hay un exceso de burocracia y de la dificultad para atraer y retener personal administrativo y secretarios municipales, por lo que pide "incentivos" para los trabajadores públicos -también médicos o profesores- de municipios rurales como el suyo.

Josep Tutusaus, alcalde de Pontons

Josep Tutusaus, alcalde del PP, lleva ocho años al frente del consistorio de Pontons, en la comarca del Alt Penedès (Barcelona) y celebra que este marco legal, tras años de reclamo, se haya materializado. "El nuevo Estatuto es un buen paso, lo hemos trabajado entre muchos alcaldes, pero sin presupuestos de la Generalitat habrá que ver cómo se financia", señala. Denuncia el exceso de burocracia -"tenemos los mismos trámites que Badalona o El Prat, que tienen decenas de funcionarios"- y reclama reformar la ley de urbanismo para agilizar algunas licencias que dependen del Govern. También pide mejores servicios públicos e incentivos fiscales en la compra de la primera vivienda, por ejemplo, que hagan el pueblo más atractivo. "Pasar de dos a tres visitas médicas semanales o tener más autobuses ya sería un avance", sugiere.

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