La Junta de Andalucía da un ultimátum a Amama y amenaza con tomar medidas si no da sus datos de los fallos del cribado

El intento de reconducir la relación entre la Junta de Andalucíay la asociación Amama ha saltado por completo por los aires. Las últimas denuncias públicas por parte de la entidad que ha elevado a más de 4.000 las mujeres afectadas (el doble de las contabilizadas oficialmente) y su decisión de levantarse de la comisión de seguimiento creada por la Consejería han marcado un punto de inflexión para el Gobierno andaluz. Tanto es así, que se ha remitido un requerimiento oficial que supone un paso administrativo previo para adoptar cualquier tipo de medidas legales sea en vía administrativa o judicial.

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada", recoge el escrito firmado por la gerente del SAS, Valle García, en el que se da un plazo de diez días y se advierte que, de incumplirlo, se estaría vulnerando la normativa autonómica.

Concretamente, la Junta advierte a la entidad que podría vulnerar la Ley de Salud Pública que obliga a "poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública". De acuerdo con esta normativa, en función de la gravedad de la información no aportada, el incumplimiento de esta obligación podría suponer sanciones económicas de hasta 600.000 euros.

En segundo, el escrito del SAS se apoya en la Ley 39/2015 que establece que es obligatoria la colaboración con la administración. "Se facilitará a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales", recoge el texto legislativo.

"Este requerimiento se formula con el fin de garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas", justifica el escrito firmado por el Servicio Andaluz de Salud.

Choque de cifras y denuncias

La tensión entre la asociación Amama y el Gobierno andaluz se mantiene desde que hace un mes y medio la Cadena SER difundiera los primeros testimonios de mujeres afectadas por fallos en los cribados de cáncer de mama. La entidad cuestionó desde el primer momento las cifras difundidas y explicaciones difundidas por el Gobierno andaluz, llevó a la Fiscalía la desaparición de informes del portal de acceso público (que luego se volvieron a publicar) y ha presentado demandas por responsabilidad patrimonial contra la Junta de Andalucía.

Pese a esto, el nuevo consejero de Sanidad trató de encauzar la situación con una larga y tensa reunión, con un cambio en la delegación territorial de sanidad de Sevilla (relevando a Manuel Molina que era el alto cargo más señalado por Amama) y citando a la asociación a la comisión de seguimiento.

Pero el pasado lunes, todo volvió a estallar. Amama se levantó de la mesa de seguimiento en protesta por un acuerdo de confidencialidad que se había planteado, y al día siguiente formalizó 25 denuncias contra la Junta. En esa convocatoria, el martes, negó las cifras oficiales del SAS que limita la afección de los fallos a 2.317 mujeres. "Son más de 4.000", afirmó la entidad.

A partir de ahí, el consejero Antonio Sanz; la consejera de Hacienda, Carolina España, y el propio presidente, Juanma Moreno, han elevado el tono contra la asociación criticando que se hayan difundido datos sin que se haya aportado hasta el momento ningún caso concreto a la Consejería de Sanidad. Este malestar ha desembocado en la primera acción legal de la Junta contra Amama.

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