Un experto de la UCO, en el Supremo: “Lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado"

Uno de los guardias civiles que declararon como peritos en el juicio en el que Álvaro García Ortiz se enfrenta a una petición de seis años cárcel afirmó que “lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”. El número dos de la Unidad Central Operativa (UCO), el teniente coronel Antonio Balas, explicó que asociaron la filtración que se juzga como un delito de revelación de secretos a la Fiscalía General del Estado, “porque se compadece con todo lo que tiene" la institución y a su titular, en concreto, por ser un órgano jerarquizado.

“Toda esa información, expediente tributario y denuncia [contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por delito fiscal], lo recibe el viernes por la tarde; pasa un fin de semana y el martes se publica. Lo dice también la fiscal jefa Provincial [Pilar Rodríguez, que comenta que tras estudiarlo, ‘se decide dar publicidad’]. No hay ningún juzgado que esté nombrado que yo sepa. Para nosotros es un precedente bastante claro”, aseguró Balas, que compareció junto a otros dos agentes que participaron en la redacción de los informes de la Guardia Civil aportados a la causa.

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

Aunque en principio no era fácil identificarlo, la que fue abogada general del Estado Consuelo Castro se dirigió directamente a él a través de su número identificativo. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, se defendió el jefe del dispositivo de la UCO, al explicarle por qué habían dirigido la investigación contra Álvaro García Ortiz y no contra "las 499 personas con acceso a la carpeta de guardia" de la Fiscalía Provincial de Madrid, así como contra otras personas que pudieron acceder al correo del 2 de febrero de 2024, en el que González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales y que su abogado había enviado al ministerio público.

El investigador se mostró tajante: "Se centra en personas con un propósito, una disponibilidad. Si no han transmitido ninguna cuestión rara a la instrucción... Lo que usted marca es una investigación prospectiva. En esto y en cualquier otra investigación. Yo solo llevo investigando desde 1999". La abogada del Estado, como el que no quiere la cosa, le corrigió tachando de "creativa" la investigación que apuntó al fiscal general.

La respuesta del agente fue contestada por el público asistente a la sala de vista con risas ostensibles, motivo por el que el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, recordó que están prohibidas las muestras de agrado y desagrado con lo que manifiestan los testigos y peritos.

El que también reaccionó con gestos a las palabras de Balas fue el propio fiscal general, que siguió muy atento todas las declaraciones. En concreto, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil admitía que él "no era un experto" para responder a la pregunta concreta que le hacía la defensa, García Ortiz le refrendó asintiendo con la cabeza.

Su superioridad ante sus compañeros ya había quedado patente al apuntarles ciertos extremos cuando declaraban, como que García Ortiz había indicado a los agentes que había "destruido" su móvil anterior, a lo que el guardia civil que estaba contestando en ese momento añadió que le sorprendió el comentario, porque no suele ser lo que se hace habitualmente con los teléfonos.

Para ese momento, los expertos de la Unidad Central Operativa ya habían afirmado que “se ve que es una filtración un poquitín en directo”, porque se produce a partir de las 21.34 del día 13 de marzo de 2024, cuando hay una llamada de whatsapp de García Ortiz a la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Señalaron que el correo de 2 de febrero, en el que Alberto González Amador admite, a través de su abogado, la comisión de dos delitos fiscales, que “finalmente termina filtrándose, está en poder del fiscal general del Estado desde las 21.59".

Añadieron que "a las 22.01 el fiscal disponía de todos los demás, a excepción del del 12 de marzo", que es el que da pie a que El Mundo informe erróneamente de que el intento de pacto partió de la fiscalía y no de la defensa. Ese se consigue “mucho más tarde”, a las 23.59, precisó uno de los agentes.

Moncloa

La que también "parece que tiene dominio de la acción", según los guardias civiles, es la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera. En su caso es en relación con la publicación del correo en el que González Amador admitía dos delitos fiscales. En este sentido, uno de ellos explica que "a las 8.22 minutos" del 14 de marzo "le manda el correo con los datos del abogado y su teléfono sin tachar", vamos, "el correo tal cual", al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

Ante las objeciones del ahora senador socialista, que plantea que si no lo ha publicado nadie, va a parecer que se lo ha facilitado fiscalía, Sánchez Acera le responde que "está en los medios, pero en los medios no está hasta las 9.06 de la mañana que sale en El Plural", remacha el agente, para recordar que lo que le vino a decir a Lobato la entonces asesora de Moncloa es que "antes de que salga, lo va a tener todo el mundo".

Volcado completo

Consuelo Castro preguntó si los agentes “pidieron autorización” para hacer “el volcado completo” de la documentación de García Ortiz, pese a que el instructor, Ángel Hurtado, lo había delimitado en el tiempo. Tras asegurar que no se acordaba de ese tema en concreto, el uniformado indicó que “posiblemente”, porque mantuvo “comunicaciones” con el instructor: “Se fue dando cuenta al magistrado”, especificó.

La sesión había comenzado con las declaraciones de los agentes que participaron en los registros de los despachos del propio Álvaro García Ortiz y de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Durante sus respectivas comparecencias la defensa del fiscal general se interesó sobre el marco temporal delimitado por el juez Hurtado.

Los agentes señalaron que "técnicamente" y por cuestiones de tiempo, si no se quería extender el registro durante semanas, es imposible delimitarlo cuando se hace el volcado, por lo que se procede a hacerlo al analizar el contenido. Este extremo fue preguntado por Martínez-Arrieta al concluir las declaraciones de los peritos.

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