Catalunya da el primer paso para actualizar la ley autonómica de las cámaras de comercio tras una década de bloqueo

El Parlament ha dado este miércoles luz verde a la tramitación de la nueva ley de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya, un texto que actualizará la normativa vigente desde 2002 y que pondrá fin a una década sin una norma autonómica al día. El texto se adaptará a la ley básica estatal de las cámaras -aprobada en 2014- y definirá un nuevo modelo de financiación, así como la relación entre la Generalitat -como órgano tutelar- y las Cámaras. La ley que echa andar este miércoles prevé una inyección total de 15 millones de euros hacia estos organismos entre 2026 y 2028 por parte del Executiu.

La norma, presentada por PSC, Junts, ERC y PPC, ha superado el debate de totalidad sin enmiendas de retorno y continuará su recorrido parlamentario por la vía de urgencia. Se registró en el Parlament el julio pasado, pero el texto, durante meses, se había trabajado y consensuado con las principales patronales catalanas -Pimec y Foment del Treball- y las 13 cámaras catalanas, que son unas corporaciones de derecho público cuyo principal cometido es representar los intereses de todas las empresas y autónomos de Catalunya.

"Un gran paso"

Un consenso amplio al que han apelado los diputados de los partidos que han impulsado la proposición de ley. "Es un gran paso para modernizar el marco legal de las cámaras", ha declarado Conchi Jiménez, del PSC. También Joan Ignasi Elena, de ERC, ha reivindicado el "cómo" se ha trabajado la norma, más allá del resultado, que representa un "paso adelante". Por eso, ha puesto en valor el "consenso" con las 13 cámaras y al "diálogo" con patronales y sindicatos, que espera que se mantenga en los siguientes pasos. Pero el exconseller de Interior también ha dejado claro en su intervención que esta vía con el resto de actores se abrió ya con el Govern anterior, el de su partido con Pere Aragonès como president.

La norma tiene como principal objetivo reformular el sistema de financiación de las cámaras, corporaciones de derecho público encargadas de representar los intereses del conjunto de empresas y autónomos catalanes. Tras la supresión en 2014 de las cuotas obligatorias, estos organismos han dependido de encargos de la Administración y de servicios privados, una situación que el nuevo texto pretende estabilizar. Además, la ley refuerza el papel del Consell General de les Cambres -el órgano que agrupa a las 13 cámaras de comercio catalanas-, al que se reconoce como entidad de coordinación y representación ante las administraciones. El texto establece también que su actividad no podrá solaparse con las funciones de las organizaciones empresariales, con el fin de evitar los conflictos que marcaron anteriores intentos de reforma.

El debate en el Parlament ha servido para poner en valor el papel de las cámaras, pero también para exigir ir más allá y dotarlas de más competencias y de los recursos necesarios. El diputado de Junts, Joan Canadell, ha recordado que países como Alemania sitúan a las cámaras en la gestión de "grandes infraestructuras" como puertos y aeropuertos, los sistemas de patentes o en la formación profesional dual, algo en lo que se debería reflejar Catalunya. Hasta entonces, ha puesto el acento en los recursos: "La clave de esta ley será la financiación, se debe garantizar una financiación pública, estable y suficiente", ha exigido el posconvergente. Una petición que también ha hecho Àngels Esteller, por parte del PP catalán, que ha querido reconocer la importancia que tienen en el tejido productivo catalán. "Son un motor de competitividad para nuestras empresas y sus intereses generales, dan un impulso necesario en momentos de muchos retos, como el actual con la transición tecnológica", ha añadido. Por ello, ha sido clara: más financiación público-privada y un marco legal estable.

El proyecto prevé un modelo mixto de financiación, con aportaciones públicas y privadas, y una inyección total de 15 millones de euros entre 2026 y 2028 por parte del Govern. La asignación comenzará con tres millones en 2026, aumentará a cinco en 2027 y alcanzará los siete en 2028.

Las críticas de Vox, Comuns y CUP

Desde Vox, Javier Ramírez, ha criticado que la norma llegue "diez años tarde", provocando "inseguridad jurídica" en todo este tiempo que la ley no se ha actualizado, pues la ley estatal de 2014 exigía adecuar la norma autonómica antes de terminar el 2015. Por eso, ha cargado contra todos los partidos del arco parlamentario, escudándose en que su partido no tenía representación entonces, lo mismo que ha defendido Aliança Catalana. También ha hecho su lista de reproches Comuns y CUP. Lluis Mijoler, del primer partido, ha deslizado que durante tiempo ha habido "poca transparencia" en las cámaras y ha lamentado que estas han operado "a veces" con una lógica que se "aparta de los intereses de los más vulnerables", frente a las grandes corporaciones.

Mijoler no ha cerrado la puerta a que salga adelante una nueva norma, pero ha argumentado que su partido no ha suscrito, de momento, la presentación de la ley porque ve "carencias importantes" en la "gobernanza democrática" y el "control público". "[La propuesta actual] no asegura suficiente la vocación de servicio público de las cámaras", ha añadido. Una posición similar a la que ha tomado Laure Vega, de la CUP, que si bien no cierra la puerta al diálogo, ha dejado claro que cualquier transferencia de dinero público debe garantizar que las cámaras velan por el interés general, no solo de "algunos".

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