El Parlament elimina la cita previa obligatoria y reconoce el "derecho al error" en la administración

El Parlament ha aprobado este miércoles con los votos del PSC, ERC y los Comuns -y el apoyo parcial del resto de grupos a varios artículos- una ley para intentar garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una "atención adecuada" de la administración pública de la Generalitat. Esta es la primera norma de un paquete legislativo que el Govern llevará a la Cámara en los próximos meses para emprender una reforma administrativa a varios niveles. Precisamente el lunes, el propio president Salvador Illa presentó los principales ejes.

La ley que ha salido adelante este miércoles persigue fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, recoge que "la cita previa" que muchas veces reclama la administración a la hora de hacer ciertos trámites "en ningún caso puede ser obligatoria y solo se puede establecer para mejorar los servicios de atención presencial". Esto significa pues, que la cita previa no dejará de existir, pero que la administración deberá garantizar la atención a aquellas personas que no hagan uso de ella. Esto está pensado para asegurar los "derechos administrativos" -para facilitar la vida, en definitiva- a colectivos vulnerables o a "afectados por la brecha digital" que no tienen un fácil acceso a los dispositivos que permiten solicitar estas citas previas.

La segunda cuestión clave de la ley es el reconocimiento del "derecho al error" tanto de los ciudadanos como de los funcionarios. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, que las personas en situación de vulnerabilidad no deberán devolver ayudas que hayan recibido por error. Esto tendría que evitar polémicas recientes como cuando el Govern reclamó dinero a 9.500 familias que estaban percibiendo la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) porque el importe que recibían era superior al que tenían derecho. Finalmente, las acabó amnistiando y renunciando a reclamar los importes. Para evitar que se repitan estas situaciones, la nueva ley prevé que si hay "pagos indebidos derivados de un error administrativo" sobre prestaciones destinadas a "garantizar las necesidades esenciales de subsistencia", los ciudadanos que reciban estos pagos "no estarán obligados a devolver el importe principal ni los intereses" de la prestación cobrada de forma indebida.

El mismo derecho al error será aplicable a los propios funcionarios. Así, tampoco se podrá perseguir a los trabajadores públicos por fallos en la gestión que se hayan producido "de buena fe y sin fraude". Esto busca mejorar la agilidad en todos los procesos, ya que a veces hay funcionarios que frenan trámites ante el miedo de equivocarse y tener luego "responsabilidades civiles o penales".

¿Una administración "más humana" o una "estafa"?

Los diputados del PSC, ERC y Comuns han dedicado sus intervenciones en defender la norma. Jordi Albert (ERC) ha asegurado que permitirá una gestión administrativa "mucho más amable" en beneficio de la "ciudadanía del país". Para Lluís Mijoler (Comuns) supone un "cambio de mirada" de la administración para hacerla "más humana", y ha recordado que la propuesta partía de un grupo de expertos del Govern. La diputada socialista Ivana Martínez ha destacado el "salto de calidad" que dará la administración para aquellas personas que, por ejemplo por cuestiones de edad, no están acostumbradas al uso de internet.

Junts y el PP han votado parcialmente a favor de la ley, pero han criticado las formas en las que se ha aprobado. No les ha gustado que la norma se haya tramitado por el procedimiento de máxima urgencia, que limita a los grupos el tiempo que tienen para presentar enmiendas. Consideran que es una materia importante que merecía un debate mucho más reposado. "Lamento profundamente que no nos hayan querido escuchar", ha criticado el diputado de Junts, Isaac Padrós. La diputada Àngels Esteller ha disparado en la misma dirección: "La ley requería un trabajo más profundo". Vox y Aliança Catalana también han apoyado algunos artículos de la ley, pero se han desmarcado de aquellos relacionados con el derecho al error de los ciudadanos porque, a su juicio, beneficiará a menores tutelados por la Generalitat. "La intención es positiva, pero genera inseguridad jurídica", ha opinado Rafael Villafranca (Vox). "Es una estafa", ha zanjado Sílvia Orriols (Aliança).

Próximas leyes

La ley aprobada este miércoles es la primera de un conjunto de normas que el ejecutivo de Illa quiere llevar al Parlament para reformar la administración. El Govern está preparando otra ley que aspira a cambiar el acceso a la función pública de los funcionarios y otra para reducir el número de altos cargos de la Generalitat que se designan a dedo. Dos propuestas que introducen cambios de calado y, cuyo camino, no estará exento de obstáculos.

Suscríbete para seguir leyendo