El Parlament avala la condonación de la deuda a los jóvenes extutelados que recibieron pagos indebidos

El Parlament ha dado este miércoles el paso definitivo para evitar que los jóvenes extutelados que recibieron prestaciones sociales indebidas y que actualmente se encuentren en una situación de vulnerabilidad, tengan que devolver el dinero. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han votado a favor de validar el decreto del Govern para la condonación de este pago, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana han rechazado el texto. Según un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la Generalitat habría pagado 167 millones de euros en ayudas sociales a personas a quienes no les correspondía.

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defendido ante la Cámara catalana que se trata de una medida de "justicia social" y que es la única actuación "verdaderamente humana que una administración pública y un parlamento pueden impulsar". También ha asegurado que la "solución" para evitar que estos errores se repitan "ya está en marcha", ha achacado la problemática a una falta de "recursos técnicos y humanos" y a un "modelo de gestión obsoleto", y ha pedido a todos los parlamentarios que no desprestigien el sistema de prestaciones y de protección a la infancia. En este sentido, ha recodado que desde el 1 de noviembre la gestión de las ayudas depende directamente de la Dirección General de Prestaciones Sociales, lo que ha de permitir "verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos".

Hace meses que los jóvenes afectados vienen movilizándose para pedir que se les perdone una deuda, que en algunos casos superaba los 40.000 euros. Se trata de ayudas económicas que se conceden cuando los tutelados cumplen los 18 años y tienen que abandonar los centros de menores, siempre que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza. Son una prestación mensual de unos 700 euros que pueden percibir hasta los 23 años. Sin embargo, según los datos del Síndic de Greuges, tan solo el 23% de los extutelados de Catalunya recibió esta ayuda en 2024. 

Durante el debate parlamentario, Junts ha afirmado que su voto era "favorable pero crítico", ya que el partido considera que el Govern va "tarde" en resolver la situación y que la DGAIA tiene "déficits crónicos". ERC ha sostenido su labor cuando dirigían dicha conselleria y se ha sumado a la medida porque "su retorno haría imposible la emancipación" de estos jóvenes. Los Comuns han argumentado que no sería "justo" que los extutelados pagaran los "errores" de la propia administración, mientras que la CUP lo ha calificado directamente de "maltrato institucional" y ha denunciado que el decreto se queda corto porque solo beneficia a los jóvenes que hoy se consideran "vulnerables".

En cambio, el PP ha pedido una auditoría completa de la DGAIA -actualmente DGPPIA- y ha tachado al Govern de "irresponsable" por usar "el dinero de todos los catalanes". Vox ha rechazado las ayudas a estos jóvenes, que ha calificado de "paguitas", y ha asegurado que la administración solo debería pagarles "el billete de vuelta" a su país de origen, mientras que Aliança Catalana ha llegado a decir que la Generalitat "cuando ve un velo islámico corre a sacar el talonario", a pesar de que no todos los menores tutelados son extranjeros, como se ha encargado de recordar el PSC durante el debate.

El Govern ya hizo lo propio hace unos meses cuando acordó la condonación generalizada de la deuda a más de 30.000 familias vulnerables perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía, quienes también habían percibido prestaciones por error.

Suscríbete para seguir leyendo