Junts impugna la regulación del alquiler de temporada ante el Consell de Garanties Estatutàries

Junts llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la nueva regulación de los alquileres de temporada que PSC, ERC, los Comuns y la CUP pactaron el pasado abril y que ya estaba a punto para ser debatida en el hemiciclo del Parlament. De hecho, su aprobación estaba prevista en el pleno de este miércoles, pero ahora deberá esperar al dictamen del organismo estatutario, que tiene un mes para pronunciarse. Los posconvergentes siguen así los mismos pasos que el PP, que la semana pasada ya anunció que recurriría el texto, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Sin embargo, su argumentación es diferente. Los populares justifican su impugnación asegurando que la regulación del alquiler de temporada no puede legislarse desde la Cámara catalana. El PP ve la norma contraria a la Constitución y al Estatut, y cree que está "abocada al fracaso". Junts, en cambio, critica cómo se ha llevado a cabo la tramitación de la norma. Asegura que no se opone "al fondo de la cuestión" y alega que "hay que poner orden" al mercado de la vivienda y evitar los "abusos", pero acusa a los grupos proponentes de "filibusterismo parlamentario" y de legislar "de prisa, mal y por la puerta de atrás".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament su portavoz, Mònica Sales, que ha señalado al PSC, ERC, Comuns y la CUP por no querer "escuchar al mundo local" durante la ponencia de la ley -se les permitió hacer aportaciones por escrito- y por haber introducido cambios significativos en el texto inicial por la vía de las enmiendas para evitar el debate. Además, ha considerado que para regular los alquileres de temporada y de habitaciones es necesario "modificar" el Código Civil catalán y ha advertido de que impulsar la norma con carácter retroactivo puede provocar "inseguridad jurídica".

La ley que se tenía que debatir este miércoles en el pleno busca limitar el alquiler de temporada a los contratos que tengan como finalidad el "uso recreativo" y "turístico". Al resto de contratos, al margen de su duración, se les obliga a seguir la normativa estatal y a no poder tener un precio superior al tope marcado por ley. Sobre el alquiler de habitaciones, otra de las vías comunes para evitar la ley de vivienda, se pretende prohibir que la suma de lo que paga cada inquilino por su habitación sea superior al precio marcado para el conjunto del piso.

El alquiler de temporada se ha convertido en los últimos tiempos en la principal rendija que han encontrado los propietarios para esquivar el índice de precios marcado por la ley. Según datos del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OMH), desde la aprobación de la ley de la vivienda estatal, esta modalidad de arrendamiento ha llegado a suponer más del 50% de los anuncios en la ciudad de Barcelona, lo que representa uno de cada dos pisos ofertados.

Este es el segundo intento de acotar los alquileres de este tipo desde Catalunya, pues justo antes de las elecciones catalanas el Govern de Pere Aragonès vio cómo la abstención del PSC y el voto en contra de Junts tumbó un primer decreto, entonces pionero, para regularlos.

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