El Govern crea el consejo asesor que fiscalizará la reforma de la administración

No basta con tener una hoja de ruta con 50 propuestas para reformar la administración pública. Para el Govern de Salvador Illa es imprescindible también pasar de la teoría a la práctica y garantizar que todo lo recomendado por los expertos se hace realidad. Es por eso que el Consell Executiu ha creado este martes un consejo asesor que se encargará de velar la implementación de cada una de las medidas para reducir la burocracia que ya han recibido el plácet del ejecutivo catalán.

Se trata de un órgano con carácter consultivo que evaluará la efectividad de las reformas impulsadas, propondrá mejoras y asesorará al Govern en el proceso de transformación de los servicios públicos, uno de los ejes troncales del proyecto que Illa trata de impulsar desde la Generalitat. El ente, que formalmente se denominará Consell Assessor per a la Reforma dels serveis públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (CARE), se ha creado justo el día después de que el president encabezara el acto de presentación del informe de conclusiones de los expertos en los que apuntan las vías de intervención para simplificar la administración.

De hecho, el CARE estará liderado por la misma figura que ha coordinado el proceso de diagnóstico: Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la UPF y especialista en gestión pública, que se integrará a partir de ahora en la conselleria de Presidència y que dirigirá la fiscalización de las reformas junto a cinco vocales más expertos en gestión pública y transformación digital. No es el único organismo que se pone en marcha, ya que también lo hará, en paralelo, la comisión interdepartamental que analizará la viabilidad de la implementación de las medidas en un plazo de cuatro meses.

Medidas a corto, medio y largo plazo

Para reformar la administración, se han puesto encima de la mesa intervenciones tanto a corto como a medio y largo plazo. De hecho, según el Govern, hay un tercio del medio centenar de propuestas de los expertos que ya están en marcha o en tramitación. Entre las medidas más inmediatas, el Parlament aprobará este miércoles una ley que reconoce el "derecho al error" de los funcionarios, una forma de que los trabajadores públicos puedan operar con mayor agilidad sin miedo a exponerse a "responsabilidades civiles y penales".

A medio plazo, el Govern quiere promover la inteligencia artificial en varios procesos administrativos y también simplificar 170 trámites de los 2.400 que gestiona a la Generalitat. Todo ello para reducir una burocracia que en Catalunya, según dicen los expertos, puede llegar a resultar "paralizante" de la actividad pública y económica. Más a largo plazo, se plantea una norma para mejorar el acceso de la función pública de los funcionarios y su movilidad entre administraciones y una ley para que la mayoría de los directores generales de la administración no sean elegidos a dedo por motivos de confianza política, sino que accedan al puesto por mérito y profesionalidad.

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