El PP catalán y la CUP niegan "errores" de gestión en la DGAIA y ven "negligencia" y "fraude" de los gobiernos

Un día antes de que arranque en el Parlament la comisión parlamentaria que investigará la gestión de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) después de que varios informes de la Síndica de Greuges señalara "irregularidades" en el organismo, el PP catalán y la CUP han dejado claro que su objetivo es llegar "hasta el final", "caiga quien caiga". Así lo ha afirmado este martes el portavoz popular Juan Fernández, y en términos muy similares se ha expresado la diputada anticapitalista Pilar Castillejo.

Ambas formaciones critican que la comisión esté liderada por los partidos que han controlado la Conselleria de Drets Socials durante la última década, en referencia a Junts y ERC, y discrepan abiertamente de la reciente auditoría del Govern que sitúa el problema en "deficiencias de la gestión". El PPC habla de "negligencia" y la CUP va más allá y acusa al Executiu de encubrir un "fraude". "No es un error administrativo, es un fraude deliberado", ha declarado Castillejo. Por todo ello, la formación anticapitalista exige una nueva auditoría "pública, general, independiente y externa" que investigue tanto el uso de fondos públicos como la actuación de las entidades privadas implicadas.

La auditoría interna del Govern

La Conselleria de Drets Socials presentó la semana pasada la auditoría externa encargada a Gobal&Local Audit tras el informe de la Síndica de Greuges, que el pasado verano detectó casos de jóvenes extutelado que percibieron ayudas cuando no les tocaba en 2024. El estudio del Govern, según explicó el Departament, identificó los mecanismos administrativos que fallaron, y no la cuantía total de los cobros irregulares. Para la CUP el documento es "insuficiente", pues considera que "maquilla" la situación y no profundiza en las responsabilidades empresariales de las entidades que debían pilotar estas ayudas.

Castillejo considera que la auditoría "solo analiza una parte" del problema y "evita investigar" la gestión de los organismos privados que administran las ayudas públicas. El estudio del Govern indaga en 32 expedientes de jóvenes extutelados, en los que detecta "deficiencias en la gestión". En concreto, la CUP pide que se analice la supuesta existencia de "plazas fantasma" en algunos servicios concertados que habrían permitido un "enriquecimiento ilícito" de determinadas empresas del sector.

Esta cuestión que pone encima de la mesa la CUP hace referencia a otro informe de la Síndica anterior que detectó supuestas irregularidades en la subcontrata mediante el procedimiento de emergencia de 292 centros de menores tutelados con un desembolso de 114,6 millones de euros, sirviéndose de prórrogas extinguidas "sin amparo legal ni documental". Por esta cuestión, comparecieron en la Comisión de Derechos Sociales cinco exaltos cargos de gobiernos anteriores, la mayoría de ERC. La portavoz republicana, Ester Capella, ha pedido este martes que la comisión de investigación analice bien todos los movimientos de la DGAIA, pero también lo haga de acuerdo a los "cambios de gestión" que han obligado al organismo a "evolucionar" en los últimos años.

"La DGAIA se ha tenido que adaptar a diferentes momentos históricos y Catalunya siempre ha puesto encima de la mesa los recursos para garantizar el derecho de los niños", ha declarado Capella, en defensa de la gestión republicana del centro. En opinión de la portavoz, la comisión debe servir para "tener herramientas de cara al futuro" que garanticen estos derechos.

Los partidos presentarán este miércoles, durante la primera sesión de la comisión, un plan de trabajo propio. La CUP ya ha avanzado que su programa pretende revisar de forma exhaustiva los circuitos de ayudas a los extutelados y los contratos con las empresas que los gestionan. La formación defiende que este modelo de atención debe ser plenamente público, sin intervención del sector privado.

Suscríbete para seguir leyendo