Contra la burocracia
Illa lanza su reforma de la administración pública de la Generalitat con 50 propuestas de expertos
El Govern se propone aprobar una ley para nombrar los directores públicos por meritocracia y no por adscripción política
LAS PROPUESTAS | Las 5 claves de la reforma de la administración: de la reducción de la burocracia al uso de la IA
El Govern declara la "guerra" a la burocracia y se propone simplificar 170 trámites administrativos

Núria Parlon, Albert Dalmau y Salvador Illa en el acto sobre la reforma de la administración pública. / Jordi Cotrina

Uno de los pilares que Salvador Illa quiere que tenga su primer mandato en la Presidència de la Generalitat es una profunda reforma de la administración pública para, por ejemplo, reducir la burocracia y mejorar el proceso de selección de los funcionarios. El Govern ya ha empezado a implementar algunos de los principales cambios, pero Illa ha querido solemnizar este lunes el inicio de todo del proceso de reformas con un acto en que un grupo de expertos liderado por el catedrático de Ciencia Política Carles Ramió le ha entregado un documento con 50 propuestas.
Este documento, de 700 páginas y elaborado por 68 expertos en la materia, tiene que ser la "hoja de ruta" para llevar a cabo esta transformación del sector público con medidas para implementar a corto, a medio y a largo plazo. Entre las medidas más inmediatas, el Parlament aprobará este miércoles una ley que reconoce el "derecho al error" de los funcionarios, una forma de que los trabajadores públicos puedan operar con mayor agilidad sin miedo a exponerse a "responsabilidades civiles y penales". A medio plazo, el Govern quiere promover la inteligencia artificial en varios procesos administrativos y también simplificar 170 trámites de los 2.400 que gestiona a la Generalitat. Todo ello para reducir una burocracia que en Catalunya, según dicen los expertos, puede llegar a resultar "paralizante" de la actividad pública y económica.

Representantes del Govern y del Parlament con los expertos que han planteado las 50 propuestas. / Jordi Cotrina
Finalmente, hay las medidas a largo plazo de las que sobresalen dos y que necesitarán sendas leyes en el Parlament. Por un lado, una norma para mejorar el acceso de la función pública de los funcionarios y también su movilidad entre administraciones. En segundo lugar, una ley para que la mayoría de los directores generales de la administración no sean elegidos por motivos de confianza política -es decir, designados 'a dedo' por el Govern de turno-, sino que accedan al puesto por mérito y profesionalidad.
Si sale bien, beneficiará al conjunto del país y tendremos cada uno la parte de mérito que nos corresponde
Consciente de que una parte importante de la reforma necesitará el aval del Parlament a varias leyes, el presidente Illa ha empezado desde este mismo lunes a lubricar las relaciones con la oposición. Así, en su discurso, le ha pedido a los grupos parlamentarios que colaboren con el Govern en esta misión. Les ha garantizado que, si lo hacen, también podrán sacar pecho del resultado. "Si sale bien, beneficiará al conjunto del país y tendremos cada uno la parte de mérito que nos corresponde. Los grupos parlamentarios también", ha dicho.
Contra la extrema derecha
Illa también ha buscado seducir a los funcionarios, cuya colaboración será clave para implementar los cambios, asegurando que esta reforma no es una "impugnación de los servicios públicos", sino una "reivindicación". Y la mejor forma de reivindicarlos es, según el president, atacar aquello funciona "muy mal" y potenciar lo que marcha "muy bien". Todo esto al servicio de un objetivo último: demostrar que la administración funciona y combatir el "discurso de la antipolítica", es decir, de la extrema derecha.
La antipolítica está azotando Europa y hay riesgo de que afecte a Catalunya
Precisamente, el president del Parlament, Josep Rull, ha abordado la reforma de la administración como la manera de combatir "la antipolítica que está azotando Europa y que hay riesgo de que afecte" a Catalunya. Además, se ha comprometido a aportar su grano de arena. Ha admitido que el Parlament tarda demasiado tiempo en tramitar y aprobar las leyes -entre 12 y 15 meses de media- por lo que ha asumido el reto de legislar con "la intensidad que corresponde". Su presencia en un acto así del Govern ha tenido un fuerte componente simbólico: el ejecutivo y el Parlament asumen el reto de afrontar la reforma de forma conjunta, cada uno, desde la responsabilidad que le corresponde.
"Políticamente arriesgado"
Aunque el ejecutivo catalán no lo verbalice explícitamente -sería arriesgado hacerlo-, esta reforma tendrá algunos obstáculos, el principal, las reticencias de la propia administración a cambiar inercias que llevan décadas asentadas. Es por esto que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha desplegado un discurso conciliador para tratar de seducir a los funcionarios. "Creemos en los servicios públicos y en su fortaleza por el bien común, y una sociedad que valora esto, justamente, debe creer en la necesidad de reformarlos", ha dicho.
Plantearse una reforma de la administración es políticamente muy arriesgado, se tiene que ser muy valiente
El experto de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que ha liderado los trabajos, Carles Ramió, ha advertido de que emprender una reforma así es "políticamente arriesgado", ya que tocará uno de los grandes nervios de la sociedad catalana que es la administración y sus trabajadores. Es por esto que ha querido destacar que la propuesta sale de "profesionales hiperespecializados", por lo que ha pedido un voto de confianza para llevarla a cabo. Según él, la Generalitat es un "transatlántico" que empieza a moverse. Ahora el reto es que "se mueva en la dirección adecuada".

Instante en el que el president Illa ha recibido las propuestas del catedrático Carles Ramió. / Rubén Moreno / Generalitat
Para dar argumentos para avalar la reforma, la Generalitat ha invitado a varias personas vinculadas de una forma u otra a los problemas con la burocracia. Una de ellas ha sido la empresaria Míriam Pujol, que ha denunciado la "incertidumbre" que tienen que afrontar las compañías cuando empiezan el papeleo con la administración de turno. "Las pequeñas y medianas empresas dedican una semana al mes de su trabajo a hacer trámites con la administración", ha lamentado.
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