Las 5 claves de la reforma de la administración de Catalunya: de la reducción de la burocracia al uso de la IA

¿Quién no se ha encontrado alguna vez lamentando la espesa burocracia de la administración? ¿O cuántos funcionarios denuncian las carencias en la función pública? Este lunes el Govern de Salvador Illa ha presentado un informe con 50 propuestas para mejorar la administración pública de la Generalitat. Lo han elaborado un grupo de expertos y, algunas de sus ideas, ya están empezando a entrar en funcionamiento. Estas son las cinco claves de la reforma.

Simplificación en los trámites y derecho al error

Uno de los grandes objetivos de este proyecto es facilitar la relación de los ciudadanos con la administración. Esto tiene una medida estrella: la aspiración del Govern de "simplificar" 170 trámites administrativos de los casi 2.400 que gestiona la Generalitat. El horizonte final es hacer la administración catalana "más fácil, amable y accesible". El ejecutivo ha empezado por intentar agilizar los 10 primeros trámites que son los más comunes. Por ejemplo, se busca reducir la tramitación de ayudas al coche eléctrico; a las energías renovables; a la situación de dependencia o al reconocimiento de alguna discapacidad.

Otra las cuestiones clave de la reforma es el reconocimiento al "derecho al error" tanto de los ciudadanos como de los funcionarios. ¿Qué significa esto? El Parlament está a punto de aprobar una ley para que las personas en situación de vulnerabilidad no deban devolver ayudas que hayan recibido por error. Esto debería evitar polémicas recientes como cuando el Govern reclamó dinero a las de 9.500 familias que estaban percibiendo la renta garantizada de ciutadanía (RGC) porque el importe que recibían era superior al que debían. Tampoco se podrá perseguir a trabajadores públicos por fallos en la gestión que se hayan producido "de buena fe y sin fraude". Esto busca mejorar la agilidad en todos los procesos, ya que a veces hay funcionarios que frenan trámites ante el miedo a tener luego "responsabilidades civiles o penales".

Mejoras en la ocupación pública y en inteligencia artificial

Para que el engranaje de una administración funcione también es clave el papel de sus funcionarios. Así, el Govern impulsará una ley para mejorar el proceso de selección de los trabajadores públicos y facilitar su movilidad. La norma impactará en casi 400.000 funcionarios. Uno de los objetivos será implementar un nuevo sistema de selección de personas. Así, se crearán "órganos permanentes de selección" para agilizar la provisión de trabajadores cuando sea necesario. Es decir, se profesionalizarán los tribunales de selección con personas que, a diferencia de ahora, se dedicarán solo a esto.

Para adaptarse a los nuevos tiempos, la Generalitat también promoverá "la digitalización integral de la Administración". Entre otros aspectos, esto supondrá "impulsar" la inteligencia artificial en los procesos administrativos tanto para potenciar su eficiencia, como para vigilar los "riesgos" que también suponen las nuevas tecnologías. El Govern ha creado una dirección general de Inteligencia Artificial y ya empezado a formar a los trabajadores. El objetivo es que todos las utilicen antes de 2028. En la presentación del informe, el director general, Jaume Miralles, ha defendido que la IA en la administración debe servir para que los funcionarios "tomen las mejores decisiones", para "automatizar tareas" y para lograr "productividades aumentadas".

Facilitar la actividad de las empresas

Si los ciudadanos tienen motivos para exasperarse con la administración, las empresas también. Lo admite el propio Govern en el documento, que considera que el "exceso de burocracia ahoga el dinamismo económico y social del país". Para intentar mejorar la situación, la Generalitat se ha fijado el reto de "simplificar los 10 trámites de empresa más complejos y con más impacto". Estos son, por ejemplo, la solicitud para conseguir la autorización de una instalación fotovoltaica y eólica; la autorización ambiental o las licencias de obras. En este último caso, por ejemplo, la normativa fija que el plazo máximo para conceder la licencia debe ser dos meses como máximo mientras que a veces se retrasa al año o incluso a los dos años.

Directores generales sin carné de partido

De entre las 50 propuestas que lanzan los expertos, una de las más 'revolucionarias' es la pretensión de conseguir una administración pública donde predominen los directores generales que sean nombrados por capacitación profesional y no por tener el carné o ser afines al partido de turno que esté en el gobierno. Esto sería, admite el propio informe, "un cambio cultural" que supondría "modificar prácticas profundamente asentadas". "La gente más preparada del país tiene que descubrir la vocación de servicio público", ha explicado Illa.

Con este cambio los partidos dejarían de tener la potestad de colocar a decenas de personas afines en la administración -los directores generales-, cuyos puestos serían designados por procesos donde primaría "la transparencia, la meritocracia y la neutralidad política". El Govern está decidido a emprender esta cuestión, pero el informe no precisa cuantos de los directores generales actuales seguirán decidiéndose por "libre designación" -a dedo, como ahora- y cuantos serán de "carácter profesional". Esto determinará que sea una medida cosmética o de calado. Para llevarlo a cabo, se propone la creación de un Instituto de la Dirección Pública Profesional de Catalunya.

Evaluación de los avances

Por último, el informe propone mejorar la evaluación de las políticas públicas de la Generalitat, es decir, analizar si las medidas que toma el Govern en todos los ámbitos son las adecuadas para aquella realidad concreta que pretenda transformar. La idea principal es transformar Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) en una "agencia independiente" que fiscalice todos los departamentos en los que se estructura la Generalitat.

Además, este martes el Govern aprobará un "consejo asesor" que hará "el seguimiento" de cómo se implementan estas reformas en la administración. Lo liderará el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Carles Ramió, que ya ha encabezado el grupo de expertos que han elaborado las 50 propuestas de mejora.

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