España logra que la justicia rusa archive una demanda de un oligarca contra uno de los fiscales que denunció a Leire Díez

La Abogacía del Estado española ha logrado que la Corte de la Ciudad de San Petersburgo (Rusia) archive la demanda que presentó el oligarca ruso Ilya Ilyich Traber contra el fiscal de anticorrupción José Grinda por protección de su honor, dignidad y reputación comercial, según consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Grinda es uno de los fiscales que denunciaron a la exmilitante del PSOE Leire Díez por una supuesta persecución, una actuación que niega la excargo municipal de los socialistas.

De esta forma, esta Corte rusa cierra la causa que abrió un Juzgado de San Petersburgo contra el fiscal, quien fue defendido por un abogado ruso que ha colaborado con la Abogacía del Estado. Así, este organismo público ha frenado las pretensiones de este empresario, a quien la prensa opositora rusa y al menos dos servicios secretos europeos le atribuyen una estrecha amistad con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

La Fiscalía Anticorrupción acusó a Traber en 2006 de ser uno de los presuntos líderes de la mafia rusa en España. Sin embargo, este oligarca negó en una entrevista concedida al portal ruso 'Fontanka' haber cometido cualquier irregularidad.

Contra Grinda

En la mencionada entrevista Traber anunciaba su intención de perseguir judicialmente al fiscal antimafia José Grinda, uno de los que le acusa en España de sus supuestos vínculos con la mafia: "Le acusaré de calumnias, que me han causado graves pérdidas, tanto en mi vida personal como en los negocios y en todos los asuntos. Segundo, le destruiré por denuncia falsa. Mientras esté con vida llevaré este asunto hasta el final hasta que termine en la cárcel", respondía Traber, según adelantó EL PERIÓDICO.

Para justificar la demanda, el empresario ruso adjuntó informaciones publicadas en la prensa española en las que se aseguraba que Traber había amenazado de muerte al fiscal español. Sin embargo, estas publicaciones fueron retiradas. De hecho, según el argumento de Traber, no existía una causa contra él por estos hechos en España, por lo que el informador llegó a reconocer que la información publicada era errónea.

En ese momento, un juzgado ruso reclamó la declaración del fiscal Grinda, quien sin comparecer acabó condenado por la Justicia rusa en julio de 2024. Tendría que pagar 1.000.000 de rublos por los supuestos daños morales provocados a Traber, al mismo tiempo que debería rectificar las palabras que se le atribuían en la prensa.

Ya resuelto en España

Fue entonces cuando la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, se encargó de la defensa del funcionario público. Su abogado negó cualquier responsabilidad de Grinda en las informaciones publicadas en España sobre Traber, un hecho que ya había sido confirmado previamente por la justicia española, en concreto por el juzgado de primera instancia número 57 de Madrid en una sentencia de 22 de julio de 2022.

El fiscal negó haber transmitido cualquier información difamatoria contra el oligarca. Y la Corte rusa admitió como prueba un documento firmado el 25 de febrero de 2025 por el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que este informaba a las autoridades rusas de que Grinda era el responsable de las pesquisas contra este oligarca ruso. De esta forma, se constataba que el fiscal español no había realizado acusaciones difamatorias contra él, sino que lo que había hecho era una intervención durante un juicio.

Findalmente, los magistrados rusos constataron que en las informaciones que el empresario ruso consideraba difamatorias se decía de forma literal que había sido la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal la que había firmado un escrito dirigido al Ministerio del Interior expresando su preocupación por las "amenazas directas" contra Grinda y su familia por parte de "miembros de la organización Tambov". Únicamente el fiscal Grinda aseguró en sede judicial que "ninguna amenaza" le iba a "impedir desempeñar su labor como funcionaria pública; la Fiscalía española jamás cederá ante tales amenazas", dijo.

"Resulta obvio"

"Resulta obvio que el fiscal no puede ser considerado responsable de las declaraciones en los medios de comunicación inspiradas en sus palabras, puesto que el objeto del juicio se limita a las declaraciones del miembro de la Fiscalía durante la audiencia oral, y no a lo publicado posteriormente. Las declaraciones del acusado [Grinda] deben distinguirse de la información publicada en los medios de comunicación", destaca la Corte de San Petersburgo.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha confirmado de forma reciente la indemnización de 4.000 euros que le fue concedida a Ignacio Stampa --el otro fiscal que ha denunciado a la exmilitante del PSOE Leire Díez por intento de soborno--, por la "innecesariamente larga" investigación interna que sufrió en su día y que acabó costándole la plaza en Fiscalía Anticorrupción.

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