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Caso Leire

El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para "menoscabar su honor"

La exmilitante socialista buscó hechos "comprometedores" contra el histórico magistrado en las reuniones con los fiscales Grinda y Stampa

Manuel García-Castellón: "No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí"

Manuel García-Castellón.

Manuel García-Castellón. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

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Madrid
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El juez ya jubilado Manuel García-Castellón, que instruyó en la Audiencia Nacional causas de trascendencia mediática como fueron los casos Villarejo o Tsunami Democràtic, ha presentado un escrito de personación en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye el caso Leire Díez, al considerarse perjudicado por las maniobras de la exmilitante, tras trascender que en diversas reuniones "presuntamente buscaba información" y estaría "difundiendo afirmaciones falsas para dañarle".

El escrito de personación, que firma la letrada María Victoria Vega Sánchez y al que ha tenido acceso este diario, cita determinadas informaciones en las que trasciende que la también excargo socialista buscó hechos "comprometedores" del histórico juez, según consta en los hechos denunciados tanto por el fiscal de anticorrupción José Grinda, como su compañero en el Ministerio Público madrileño Ignacio Stampa. Ambos también se han personado contra Díez y están citados ante el instructor de la causa, Arturo Zamarriego, el próximo 5 de noviembre.

"Menoscabar el honor"

Entre las noticias aportadas al juzgado, entre ellas una de las publicadas por EL PERIÓDICO, se desprende que "la investigada Doña Leire Díez, presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del magistrado Don Manuel García-Castellón", según señala el escrito. "Si tales hechos son objeto de la investigación criminal se justificaría perfectamente la presente personación de Don Manuel García-Castellón como víctima o perjudicado", añade la defensa.

En la noticia de esta redacción que la representación letrada del juez aporta al juzgado se concretaba que el fiscal Ignacio Stampa informó a su jefa en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, de que la exmilitante socialista dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de una reunión en "la más estricta confidencialidad" celebrada en mayo pasado en la que se abordaría su salida de la Fiscalía Anticorrupción en mes de octubre de 2020, pero también "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".

Leire Díez comunica por escrito al Senado que no entregará su 'pendrive'

Leire Díez comunica por escrito al Senado que no entregará su 'pendrive' / EP

Concretamente, que le "preguntó en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los Fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García-Castellón".

Reparación del daño

El escrito se fundamenta en el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el precepto que "reconoce expresamente el derecho de toda persona ofendida o perjudicada por un hecho punible a mostrarse parte en el proceso penal, con el fin de obtener la reparación del daño y la indemnización del perjuicio sufrido". En el caso se defiende la "evidente la condición de víctima o perjudicado" de García-Castellón.

El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento. En una de sus últimas resoluciones, apunta una actuación "delictiva y coordinada" de la autodenominada periodista y el inversor para "malbaratar" investigaciones a políticos y empresarios.

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