Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Sumar y los Comuns tratan de poner coto a la especulación inmobiliaria, que consideran el principal causante del aumento del precio de la vivienda. Ambas formaciones han activado una ofensiva legislativa conjunta para prohibir la compra de pisos para hacer negocio y presentarán iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona. Pero la presión a los socialistas empezará por la capital catalana, hasta el punto de que han anunciado que si el alcalde Jaume Collboni quiere aprobar los presupuestos de 2026 con sus votos, es "indispensable" que esté dispuesto a adoptar esta medida que se debatirá en el pleno de este viernes.

La líder del partido en el consistorio, Janet Sanz, ha explicado en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, que lo que llevarán al pleno es la aprobación de un nuevo plan de usos para prohibir la compra especulativa. "Es una condición indispensable si Collboni quiere tener presupuestos", ha asegurado dos semanas después de permitir, junto a ERC, la tramitación de las cuentas.

Sanz ha explicado que fue ella misma la que solicitó el informe jurídico al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluye que es legalmente viable limitar la compra de vivienda que no sea para vivir en las zonas de mercado residencial tensionado. Si en Ámsterdam se está aplicando, ha argumentado, también debe ser posible en Barcelona, donde una de cada tres viviendas que se adquiere es para hacer negocio de ella.

El frente del Parlament

Albiach ha explicado que este mismo jueves los Comuns registrarán también una proposición de ley en el Parlament con el mismo objetivo. En este caso, lo que plantean es modificar la ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan elaborar planes especiales en las zonas tensionadas para que "una persona solo pueda comprar una casa". Habrá excepciones, ha anticipado, como que se pueda comprar un piso para un familiar directo, una segunda residencia en otro municipio o incluso un edificio entero si es para poner las viviendas en alquiler a un precio que se ajuste al índice que establece la ley.

Los fondos de inversión están secuestrando el derecho a la vivienda

Jéssica Albiach

— Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

"Illa ya tiene el trabajo hecho", ha dejado caer Albiach teniendo en cuenta que la iniciativa llega una semana después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, revelara que el Govern estudia si es posible una norma de este tipo. No obstante, a diferencia de Sanz, se ha mostrado prudente al ser preguntada si esta será también una condición para aprobar los presupuestos catalanes de 2026. "Aún no estamos negociando. Pero con independencia de si hay presupuestos o no, es una necesidad frenar la compra especulativa", ha respondido. El 60% de compras de residencias que se producen en Catalunya, ha advertido, se pagan al contado. "Los fondos de inversión están secuestrando el derecho a la vivienda", ha espetado.

A escala estatal

Más ambiguos han sido sobre cómo se impulsará esta medida a escala estatal. El ministro Bustinduy ha prometido "pelear" para que se adopten medidas de forma inmediata y ha explicado que se trabajará en tres frentes: proteger a los inquilinos prorrogando contratos de alquiler, limitar el acaparamiento de vivienda en pocas manos y prohibir las compras especulativas. Sin embargo, no ha concretado ni cómo ni cuándo impulsarán esta última medida.

La rueda de prensa de los tres dirigentes se ha celebrado justo delante del bloque de pisos del número 41 de la calle Concòrdia de Barcelona, que ha sido comprado por un fondo de inversión que ha enviado un burofax a los vecinos de las 13 viviendas comunicándoles que tienen que irse. El objetivo del comprador, ha explicado Sanz, es destinar todo el edificio a alquileres de temporada y por habitaciones, modalidad con la que pueden fijar precios por encima de los topes fijados por ley. Precisamente la concejal de Barcelona ha revelado que ella misma tiene que dejar este mismo mes su piso en el barrio del Poble Sec porque también va a pasar a ser de alquiler de temporada.

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