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Caso Montoro

Anticorrupción defiende ante la Audiencia Provincial la legalidad del "hallazgo casual" que desveló el caso Montoro

El juzgado de Tarragona eleva ahora el recurso de apelación que Equipo Económico presentó a finales de julio, junto con la impugnación de la fiscal

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España).

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Madrid
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La Fiscalía Anticorrupción defiende la legalidad del "hallazgo casual" de los Mossos d'Esquadra durante un registro en una empresa gasista en Tarragona que desveló la existencia de una trama en la que presuntamente habría participado el exministro Cristóbal Montoro junto con directivos de Equipo Económico --el despacho que éste fundó en 2006-- y otros ex altos cargos de Hacienda, cuyos objetivos serían los de influir reformas legislativas favorables a cambio de dinero.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la fiscal Carmen García Cerdá respalda la investigación que desde 2018 realiza el juez de instrucción número 2 de Tarragona, que se inició a raíz del volcado de correos electrónicos de Equipo Económico hallados en los ordenadores de la empresa gasista, "por evidenciar la existencia de unos hechos que inicialmente no guardaban relación con los investigados en el procedimiento donde apareció y con tintes de delito, como así se ha constatado".

Se da la circunstancia de que el escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 1 de agosto, y en él se pide la desestimación de un recurso de apelación presentado por la defensa de Equipo Económico con fecha del 27 de julio. Estos escritos no han sido proveídos hasta el pasado lunes, según se aprecia en la diligencia de ordenación dictada por el juzgado de Tarragona a la que ha tenido acceso este diario.

"Dese copia a las partes, y una vez firme elévense a la Audiencia Provincial para resolver", señala la resolución, que evidencia la lentitud con la que se está produciendo la instrucción de este asunto. La investigación permaneció en secreto a lo largo de siete años hasta que estalló este verano con la imputación de Montoro y el resto de investigados.

Equipo Ecónomico

Equipo Ecónomico / EPC

Los correos electrónicos que revelaron el caso fueron hallados en los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, una empresa que estaba siendo registrada por los Mossos por un un delito contra el territorio que según la defensa de Equipo Económico no es conexo con los que ahora se investigan contra Montoro y el despacho que fundó.

Según esta parte, el cuerpo policial autonómico no era competente para indagar en hechos "acaecidos en Madrid y a personas radicadas en Madrid". No fue hasta abril de 2020 cuando el juez acordó encomendar también a la Guardia Civil estas pesquisas, aunque "de forma concurrente" con los agentes autonómicos.

Razones para investigar

Frente a las alegaciones de la defensa, la fiscal cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para argumentar a que un hallazgo casual es un elemento probatorio novedoso que puede utilizarse "en el propio o distinto procedimiento" y que además puede "proyectarse hacia el pasado". En este caso, la fiscal apunta que "el auto que se tacha de nulo por el recurrente ponderó la importancia del hallazgo casual que, una vez advertido por Mossos d'Esquadra tras el análisis efectuado de los correos, fue puesto de manifiesto al Instructor".

Dice también la fiscal que el hallazgo de los e-mails de Equipo Económico no fue advertido en el momento del volcado del material informático en Messer Ibérica, sino tras el análisis de dicho material. "Por ello, difícilmente podía Mossos d'Esquadra comunicar su existencia en la práctica de la diligencia de entrada y registro, pese a que el auto señalara que "si en el curso de la diligencia se descubriesen hechos nuevos...deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial",como pretende hacer valer el recurrente para tachar de nulas las resoluciones del juez Rubén Rus. "Difícilmente se puede poner en conocimiento del juez algo que no se conoce todavía", incide la fiscal García Cerdá.

"Pulcritud del juez"

En cuanto a la denominada por la defensa "injerencia" en los ordenadores de la empresa gasista, la fiscal defiende que fue "legítima" y agrega que el volcado de las cuentas de correo "cumplió el mandato del magistrado instructor" y, por tanto, la incautación de los correos respecto de los que se deduce posterior testimonio sí que estaba autorizada.

En este punto, Anticorrupción señala que comparte "el sentir" de la propia defensa de Equipo Económico cuando en el propio recurso de apelación habla de “la pulcritud del auto que acodó la entrada y registro". Por todo ello concluye que los dos autos impugnados por la defensa (la entrada y registro en Messer Ibérica y la deducción de testimonio con los correos de Equipo Económico incautados, que permitió la apertura del caso Montoro) son "ajustados a derecho, no procediendo la declaración de su nulidad".

Archivo - El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España).

El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

La defensa de Equipo Económico, que ejerce el letrado Carlos Luis Rubio, aprovechó un recurso de apelación del que fuera director general de la Agencia Tributaria durante la etapa Montoro, Santiago Menéndez Menéndez, para exponer directamente ante el tribunal de apelación hasta 96 alegaciones.

El escrito, del que ya informó esta redacción, engloba estas quejas en cuatro grandes argumentos: que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona les investigó irregularmente en secreto, sin competencia y atribuyendo las pesquisas a un cuerpo policial también incompetente tras vulnerar el secreto de sus comunicaciones.

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