El 15 de noviembre
Salvador Illa presidirá una cumbre con los municipios rurales para desplegar el nuevo estatuto
Los alcaldes piden al Govern que priorice la vivienda, la financiación de las escuelas y la movilidad en el despliegue de la ley que atenderá las singularidades de los pueblos pequeños
El Parlament avala 22 millones extra para los ayuntamientos con la mirada puesta en la aprobación de una nueva ley de finanzas locales catalana
El Govern impulsa una nueva ley para mejorar la financiación de los municipios
El president Salvador Illa, con el conseller Albert Dalmau, en el Parlament / FERRAN NADEU
Por qué confiar en El Periódico El Estatut de Municipis Rurals fue la primera ley que el Govern de Salvador Illa ordenó que empezara a tramitarse en el Parlament en esta legislatura. Era noviembre de 2024, solo tres meses y medio después de alcanzar la Generalitat, y fue toda una declaración de intenciones de un president que recuerda a menudo cómo se curtió en la política como alcalde de La Roca del Vallès. Ahora, ha llegado el momento de que se aplique un marco normativo que, por primera vez, atiende a la singularidad de los pequeños municipios. Prueba de la solemnidad que se le quiere dar al despliegue es que Illa presidirá una cumbre con alcaldes el 15 de noviembre en el monasterio del Món Sant Benet para dar el pistoletazo de salida.
Esta es la ley más importante que ha aprobado el Govern para poner el país en marcha
"Esta es la ley más importante que ha aprobado el Govern para poner el país en marcha", ha defendido el secretario de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, que ha concretado que a esas jornadas que se consolidarán con carácter anual acudirán, además del president, cuatro consellers: Alícia Romero, para abordar la financiación y la fiscalidad; Sílvia Paneque, para las carpetas de vivienda y movilidad; Òscar Ordeig, para la simplificación administrativa y, finalmente, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Las prioridades de los alcaldes
Precisamente las entidades municipalistas se han reunido este miércoles con Dalmau en el Palau de la Generalitat para dejar claras sus prioridades y reclamar un papel durante el despliegue del estatut. De los 947 municipios que hay en Catalunya, 608 son rurales, pero dentro de esta categoría hay muchas idiosincrasias distintas. Con la nueva norma se pretende atender las particularidades de los municipios pequeños para garantizar su viabilidad, que pasa por más vías de financiación, simplificación administrativa y refuerzo de servicios públicos.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reunido con las entidades municipalistas / ACN
La Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació de Micropobles de Catalunya han puesto sobre la mesa del Govern un documento con los temas que consideran que hay que priorizar hasta 2027 durante la primera fase de despliegue del estatut: vivienda, financiación de las escuelas rurales, movilidad y conectividad, además de hacer frente a la infrafinanciación crónica que denuncian que sufren los municipios. En la reunión han pactado con la Generalitat la creación del grupo coordinador y de las comisiones que trabajarán en el despliegue de la ley.
El combate contra la despoblación
El objetivo final es fomentar que vivir en estos pueblos no suponga contar con menos servicios ni reste oportunidades, algo clave para combatir la despoblación. "Hay que desplegar los mecanismos para que todo el mundo pueda vivir donde ha nacido y desarrollar un proyecto de vida", ha defendido la presidenta de la ACM, Meritxell Budó. En nombre de los micropueblos, Joan Solà ha insistido en que todo lo que contempla la ley "no quede en un cajón", mientras que, en representación de la FMC, Joan Bigorra ha manifestado "satisfacción" por la receptividad por parte del Govern.
Hay que desplegar los mecanismos para que todo el mundo pueda vivir donde ha nacido y desarrollar un proyecto de vida
La norma establece, por ejemplo, un sistema de financiación propio, con fondos incondicionados e inversiones finalistas, define también qué es un "municipio rural" y cuáles deben considerarse de "atención especial" por tener menos de 500 habitantes, tener una población altamente envejecida o estar en situación de pérdida demográfica-. También prevé bonificaciones fiscales y apoyo normativo para los ayuntamientos con menos recursos. El estatut prevé que los pueblos pequeños tengan voz en el diseño y la evaluación de las políticas que les afectan, y en esa vocación se enmarca la jornada de trabajo celebrada en el Palau.
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