Justicia asume que el Supremo será el que termine aclarando quién puede ser o no acusación popular con la nueva ley

El Proyecto de nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que comienza ahora su andadura en las Cortes establece de forma clara que los partidos políticos, los sindicatos y las personas jurídicas públicas, como son los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, no podrán ejercer la acusación popular en las causas penales. La norma, sin embargo, es algo menos clara cuando prohíbe el ejercicio de la acción penal a las "asociaciones dependientes" de dichos organismos o exige acreditar un "vínculo legítimo" con el interés público que se pretende defender por parte de quienes pretendan acusar en un procedimiento concreto.

Desde el Ministerio de Justicia reconocen que estos grises en la norma podrán ser debatidos durante el trámite parlamentario de la ley, que pretende ser toda una revolución en la investigación penal en España, pero también asumen que será finalmente la jurisprudencia que establezcan los propios jueces, y en último término el Tribunal Supremo, la que determine quién podrá acusar y quien no en una causa concreta.

Sobre el papel, quedan fuera las asociaciones que dependan de partidos y sindicatos, pero no se dice nada sobre si lo que determinará esta dependencia son factores orgánicos, económicos o simplemente bastará con que los fundadores de una asociación sean, por ejemplo, diputados o miembros destacados de una formación política para que se les impida acusar en una causa por corrupción.

"Vínculo legítimo"

Del mismo modo, y orientados por el dictamen del Consejo de Estado, los técnicos de Justicia han introducido en la norma que la acusación popular estará garantizada, para los delitos que tengan una particular repercusión social, siempre que se acredite un vínculo legítimo con el bien público que se ha visto perjudicado por unos delitos concretos.

En casos de violencia sexual, por ejemplo, no parece cuestionable la personación de una asociación de apoyo a las víctimas, pero en otro tipo de causas, en especial las que afecten a políticos, la situación será más confusa. La cuestión, de nuevo, será determinar qué se entiende con dicho "vínculo legítimo", lo que será de nuevo tarea de los jueces. Las mismas fuentes señalan que, previsiblemente, será el Supremo el que acabe determinando con su jurisprudencia estos parámetros.

Desde el Ministerio de Justicia no se cansan de repetir que la Ley no afectará los procedimientos judiciales más sensibles que afectan actualmente al Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno (casos Begoña Gómez, hermano de Sánchez, contra el fiscal general o Koldo), puesto que todas aquellas causas que se iniciaron antes del 1 de enero de 2028 se seguirán tramitando según la LECrim actual.

Esta explicación no basta, sin embargo, a asociaciones de jueces como Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Sergio Oliva, ha alertado este mismo martes de que la limitación que se incluye en el Proyecto a la acusación popular "reduce drásticamente los espacios de participación y control ciudadano".

Por su parte, desde organizaciones que vienen representante la acusación popular en asuntos con trascendencia política, como es Hazte Oír, y pensando quizá en causas que puedan arrancar a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley se advierte de que la reforma parece reflejar temor "a la verdad y a la rendición de cuentas".

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