Bolaños defiende que su ley no afectará a García Ortiz ni a la causa contra Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este martes el nuevo texto que modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros. Entre las novedades de la norma que será remitida al Congreso otorga a los fiscales la instrucción de los casos penales y regula las acusaciones particulares. Dos aspectos por los que ha sido criticado este proyecto y a los que quiso Bolaños responder para "despejar bulos". Para ello, aseveró que la nueva ley entrará en vigor en 2028 y "será aplicada por el fiscal general que decida el Gobierno que salga de las urnas en 2027".

"Yo espero, desde luego, que sea un gobierno progresista, pero en ningún caso podrá ser fiscal general en 2028 Álvaro García Ortiz porque está agotando su segundo mandato en este momento", aclaró Bolaños, para, acto seguido, ahondar en que esta nueva ley "afectará a todas las causas que se incoen a partir de 1 de enero de 2028, es decir, no afecta en nada a ninguna de las causas que hoy están llevándose" a cabo.

"Con estas dos ideas, bien sencillas, bien objetivas" el ministro señaló que "se desmontan gran cantidad de bulos que se están contando sobre esta nueva ley de enjuiciamiento criminal", en referencia a las críticas a que la modificación es para dar más poder a los fiscales que dependen de Ortiz, y por ende, del Gobiernpo que el Ejecutivo es quién nombra al Fiscal General del Estado. Y, en segundo lugar, porque aprueban la ley con modificaicones sobre las acusaciones particulares por los casos que bordean al presidente del Gobierno, como los casos de su mujer, Begoña Gómez, o su hermano David.

Así lo dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que sacó pecho de que es el primer ministro de Justicia que logra llevar hasta el Congreso, para que inice su trámite parlamentario, la modificación de la lecrim, una norma que data de 143 años después.  Con la refoma, explicó, se dotará a España con un sistema penal "moderno y más garantista", porque esta ley que sustituye a la vigente, aprobada en 1882, y que ha tenido más de 80 reformas, "más de 80 parches". Han pasado 143 años, "12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia, para que hoy el Consejo de Ministros apruebe la ley de enjuiciamiento criminal de la democracia que mejora, agiliza, moderniza y europeiza nuestro proceso penal", destacó el ministro.

Bolaños explicó que, cuando vea la luz esta ley que aun tiene que pasar por las Cortes, la investigación penal que no se denominará en la ley como instrucción sino que se denominará investigación penal y recae en el Ministerio Fiscal contará "siempre con la supervisión, con la tutela del juez de garantías. El juez de garantías, añadió, es el que estará asignado para que pueda confirmar o revocar las decisiones que adopte el fiscal en su investigación penal". Esto supondrá, según el ministro, que sea más "agil" la instrucción porque "no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles, que es lo que pasa ahora". "Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales", señaló.

La reforma regula también la acusación popular, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y deja fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. Según Justicia, regula y moderniza la acusación popular, "garantizando" la participación ciudadana con delitos que tengan una particular repercusión social siempre que se acredite un vínculo legítimo con el interés público que se pretende defender. Defienden que esta medida se produce en línea con lo solicitado por el Tribunal Supremo en diversas sentencias, se delimita quién puede ejercerla, dejando fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos.

Por otra parte, y referido a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, el titular de Justicia destacó que el Ejecutivo ha incluido todas las recomendaciones del Greco y de la Comisión Europea para reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, con cambios "de un enorme calado" como que se desvincule la duración del mandato del fiscal general de la del Gobierno.

Ante las reticencias ya avanzadas por algunos grupos políticos, como el mismo socio de Gobierno, Sumar, el ministro admitió que va a trabajar para conseguir mayorías y "llamar a todas las puertas" de los grupos parlamentarios."También vamos a llamar a la puerta del principal partido de la oposición, que pactó en 2001 que la instrucción debía llevarse a cabo por los fiscales". Y, con los tintes "históricos" que tiene el momento, concluyó recordando que en 1882 comenzó la construcción de la Sagrada Familia, al igual que se aprobó también en ese mismo año la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. "Las grandes obras, tanto en arquitectura como en derecho, necesitan su tiempo, pero llegan", remachó el primer ministro de Justicia que logra llevar al Congreso una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

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