Govern y Comuns pactan 40 millones para la oficina antidesahucios y multas de hasta 90.000 euros a los grandes tenedores que no se registren

Casi seis meses después de haberla pactado sobre el papel, la unidad antidesahucios echará a andar con un presupuesto de 40 millones de euros para los próximos cinco años y con el propósito de que tenga una plantilla de 50 personas antes del próximo verano. Así lo han cerrado finalmente los Comuns con el Govern, que este martes aprobará la creación de esta oficina que debe velar para que los ciudadanos no se queden sin casa ante la imposibilidad de pagar el alquiler o la hipoteca. El acuerdo se extiende también al registro de grandes tenedores, al que se tendrán que apuntar todos los propietarios de más de cinco pisos si no quieren exponerse a multas de entre 9.000 y 90.000 euros, como establece la ley de vivienda.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha llegado a tiempo para cumplir con el ultimátum impuesto por los Comuns para desencallar estos dos asuntos clave para empezar la negociación de los presupuestos de 2026. De hecho, el Govern ha tenido, una vez más, la deferencia de ceder a Jéssica Albiach el protagonismo del anuncio con la vista puesta en esa mesa en la que quiere sentarse este mes de noviembre para tratar de lograr su 'sí' a las cuentas. Ha sido el mismo president de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha anticipado que había fumata blanca para este acuerdo que allana el camino de la negociación de unas cuentas que se ha mostrado convencido de que se aprobarán aunque estén a expensas también de los avances en financiación singular que exige ERC.

Los presupuestos, a la espera

Pero, ¿se dan las condiciones para sentarse a negociar para el socio menor del Govern? La líder de los Comuns en el Parlament ha querido dejar claro que todavía hay incumplimientos que impide abordar nuevos acuerdos. En materia de educación, por ejemplo, no se ha empezado a implementar la gratuidad de los comedores en los institutos, priorizando los de alta complejidad. En sanidad, los Comuns exigieron más dentistas y atención a la salud mental; y en el ámbito de movilidad, por ejemplo, no hay ni rastro de la planificación de la futura red ferroviaria para unir capitales de comarca, entre otros.

A la espera de una nueva reunión con el Govern para hacer balance de todo lo que queda por saldar, Albiach ha destacado que lo pactado este lunes son dos medidas de calado para combatir a los especuladores que "se están haciendo de oro" a costa de convertir en negocio lo que es un derecho, "poner orden en el caos de la vivienda" y hacer frente al "drama" de los desahucios que se vive en Catalunya, donde tres de cada cuatro son de familias que no pueden pagar el alquiler. La unidad antidesahucios se llamará, formalmente, Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER) y estará dotado con 39,3 millones de euros entre 2026 y 2030.

Prevenir y mediar ante los impagos

Los Comuns han argumentado que se trata de una herramienta necesaria teniendo en cuenta que durante el año pasado se registraron 7.381 desahucios en Catalunya -que lidera el ránking estatal-, lo que supone un incremento del 3,2% respecto el año anterior. En la zona de Barcelona es donde se concentran más situaciones de este tipo por impagos, mientras que en Girona es donde se ha producido un mayor incremento. La función de esta nueva oficina será prevenir y acompañar a las familias que no puedan hacer frente al coste de su vivienda.

Se creará para ello la figura del Referent d'Habitatge (RAH), un profesional cuya misión será intervenir desde que se deja de pagar el alquiler para evitar, si es posible, el desahucio, echando mano de la mediación con propietarios y entidades financieras, así como haciendo el seguimiento de los casos y ofreciendo asesoramiento jurídico y alternativas habitacionales. Aunque en el mes de mayo se pactó que la plantilla de la unidad sería de 50 personas, los Comuns han concedido una "prórroga" al Govern para que se alcance esta cifra antes de julio de 2026.

El objetivo es también una mejora de la coordinación con la Agència Catalana de l'Habitatge, y para facilitarla se habilitará un servicio de 'call' de atención para atender y asesoras las consultas de los profesionales que trabajan en las oficinas locales de vivienda. En una primera fase se implementará el de Barcelona, y después se desplegarán cuatro unidades más en Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre. "El objetivo es intervenir antes de que lo hagan los Mossos. Actuar desde que se detecta la situación de riesgo de pérdida de la vivienda", ha explicado la diputada de los Comuns Susanna Segovia.

El registro y las sanciones

El acuerdo de Govern y Comuns incluye también la activación del registro de grandes tenedores, es decir, de todas las personas físicas y jurídicas que tengan más de cinco viviendas. Según lo suscrito, deberán hacer constar todas sus propiedades, estén habitadas o vacías, y si incumplen podrán ser sancionadas con las multas de entre 9.000 y 90.000 euros que recoge la ley de vivienda. La idea es que se ponga en marcha una página web "abierta y transparente" en la que con el NIF o el DNI del propietario se pueda consultar si está registrado o no.

Segovia ha defendido que este registro es "imprescindible" para identificar a quienes especulen con la vivienda, ya que el hecho de disponer de un listado permitirá "supervisar mejor" el cumplimiento de la ley y los topes de los precios que fija, así como la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social en caso de desahucio o si tienen que pagar el incremento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales por la compra de nueva vivienda.

Estamos dando la caja de herramientas al Govern, ahora hace falta que la utilice y de manera rápida

Jéssica Albiach

— Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

"Estamos dando la caja de herramientas al Govern, ahora hace falta que la utilice y de manera rápida, porque llega arrastrando los pies", ha advertido la dirigente de los Comuns, que con la vista puesta en la negociación presupuestaria ha dejado caer que el "éxito o fracaso" de la legislatura depende de si el Govern se emplea a fondo con la crisis tanto de la vivienda como de Rodalies. "Sería buena noticia que Catalunya tuviera presupuestos, pero la principal responsabilidad la tiene la Generalitat. No tiene sentido que firmemos nuevos acuerdos si primero no se cumplen los que tenemos", ha concluido Albiach dejando en manos de la "voluntad política" de Illa que el calendario sea más lento o más rápido.

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