Álvaro García Ortiz une a su equipo de defensa a la abogada general que impuso la sedición en el procés

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ve reforzada su defensa de cara al juicio que le enfrentará a una pena de hasta 6 años de prisión por un delito de revelación de secretos, que comienza el próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo. Junto a José Ignacio Ocio, el abogado del Estado que le viene representando desde que se abrió causa contra él, se sentará Consuelo Castro, la abogada General que impuso la acusación por sedición en vez de por rebelión en el juicio del procés.

Castro es una persona de confianza de García Ortiz, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado EL PERIÓDICO, ya que ambos se conocen de la etapa del fiscal general en Galicia, donde ambos llevaron la acusación en el caso por la catástrofe ambiental del hundimiento del Prestige, él como fiscal del caso y ella como abogada del Estado en Galicia. Fuentes fiscales señalan, no obstante, que la decisión de añadir a Castro en este momento ha sido de la Abogacía General del Estado, para fortalecer su defensa durante el juicio oral.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señalado entre los próximos 3 y el 13 de noviembre el juicio contra García Ortiz por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado buscando un pacto al fiscal del caso que se seguía contra él por delitos de fraude a Hacienda.

García Ortiz ha confiado en los Servicios Jurídicos del Estado, que le asisten en su condición de funcionario público, desde el inicio del procedimiento, rechazando acudir a una defensa privada como sí hicieron otros miembros de su equipo que fueron inicialmente imputados.

Optaron por defensa privada la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid Pilar Rodríguez, que empezó siendo asistida por una abogada del Estado; y también Diego Villafañe, número dos de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General y mano derecha de García Ortiz, cuando fue igualmente implicado en el caso. La acusación contra ambos acabó decayendo, por lo que el fiscal general es el único que se sienta finalmente en el banquillo.

La abogada de la sedición

Castro, que se suma ahora a la causa como refuerzo de Ocio durante el juicio, fue la Abogada General designada en el primer Gobierno de Pedro Sánchez hasta junio de 2024, cuando fue relevada por David Vilas. Durante su mandato, la entonces jefa de los Servicios Jurídicos del Estado impuso el criterio de acusar a los líderes del por sedición y no por rebelión, como venía manteniendo hasta entonces el abogado encargado del caso, Edmundo Bal.

El magistrado del Supremo Ángel Hurtado ha sentado en el banquillo a García Ortiz porque considera que existen indicios de que fue él quien facilitó a los medios de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador -novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- había enviado al fiscal del caso seguido contra el empresario, en el que este admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha dictado el auto de admisión de pruebas solicitadas por las partes en el que declara pertinentes la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran ocho fiscales más dos responsables de prensa de la Fiscalía, doce periodistas, once guardias civiles de la UCO y cuatro políticos, entre los que se encuentra el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. También ha accedido a la solicitud que hizo García Ortiz en su escrito de defensa, permitiéndole declarar en último lugar, tras los testigos y el resto de la prueba admitida.

Suscríbete para seguir leyendo