El Gobierno declara la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Lugar de Memoria Democrática

Continúa el pulso ente el Gobierno y la Comunidad de Madrid en torno a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional desde 1985. El BOE publica este miércoles el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por el que se declara Lugar de Memoria Democrática “la extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid”. El asunto, contra el que ha hecho batalla política y legal el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, es objeto de recursos cruzados entre las dos administraciones en el Tribunal Constitucional.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

El texto publicado hoy en el BOE establece que la Dirección General de Seguridad tuvo “un papel central en la represión política y social” en varias etapas de la historia contemporánea de España, “especialmente durante la dictadura franquista” y señala que el edificio en que tuvo sede en la Puerta del Sol se convirtió en “símbolo de la represión del régimen franquista”.

“La Dirección General de Seguridad fue una de las principales herramientas del control y la represión política”, se afirma. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas, y aunque nominalmente su función era asegurar el orden público, en la práctica actuaba como una policía política al servicio del régimen con facultades extraordinarias para actuar en defensa del Estado franquista”.

Como consecuencia de la declaración, señala el acuerdo, la Administración General del Estado promoverá la difusión de los hechos allí acaecidos. Y para ello, entre otras medidas, promoverá la instalación de “placas, paneles o distintivo memorial interpretativo” en el edificio. Asimismo, recoge que la declaración no altera el uso actual del edificio, sin perjuicio de que sea “compatible” con las medidas de preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos.

Tras el anuncio, hace un año, de la incoación del expediente ahora resuelto, el Gobierno regional promovió el blindaje del edificio frente a este tipo de distintivos. Lo hizo a través de una enmienda en una ley ómnibus sobre mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico. En ella establece que la colocación de placas en la Real Casa de Correos requerirá de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Esa ley ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que recientemente dictaminó levantar su suspensión, aunque aún tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto: si la introducción de la protección del edificio en una enmienda de una ley sobre otra cuestión es el mecanismo legal adecuado. El Ejecutivo de Ayuso, por su parte, también recurrió al Tribunal Constitucional para tratar de parar la declaración de su sede como Lugar de Memoria Democrática.

Desde el Gobierno regional se insiste en que la Real Casa de Correos está completamente resignificada y se acusa a Sánchez de promover esta declaración para tratar de vincular al Ejecutivo de Ayuso con la dictadura.

Este año, durante las celebraciones del 40 aniversario del acuerdo entre administraciones que permitió la cesión del edificio a la Comunidad de Madrid, Ayuso lo vinculó con el espíritu de la Transición. Y más recientemente, desde Sol se ha esgrimido un informe de la Real Academia de la Historia, incorporado al propio expediente de la declaración como Lugar de Memoria Democrática, en el que se asocia la Real Casa de Correos, "ante todo", con la Ilustración y con la centralidad de la Puerta del Sol en la vida social de España.