El Observatorio contra la Violencia de Género analizará el 28 de octubre nuevos datos para cerrar la crisis de las pulseras antimaltrato

Tras la crisis política por fallos en el funcionamiento de pulseras antimaltrato del pasado mes de septiembre, y después del llamamiento a la calma y el reconocimiento de errores por parte del Ministerio de Igualdad, el Observatorio de Violencia de Género ya tiene fecha para volver a tratar este asunto. La presidenta de esta institución, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Esther Erice, presidirá el próximo 28 de octubre la sesión plenaria en la que se analizarán los datos de una encuesta realizada a jueces para poder encarar soluciones y cerrar la crisis.

Así lo han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del Consejo, que señalan que lo previsto es que la reunión se celebre con un tono similar al de anteriores ocasiones, con la asistencia de responsables técnicos de primer orden de todas las instituciones concernidas, que son, además de dos miembro del órgano de gobierno de los jueces, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España

En espera de que se fije el orden del día, el Observatorio ya anunció el pasado 22 de septiembre de que en su próximo Pleno se daría a conocer el resultado de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, que recogió datos directos de los juzgados entre los meses de febrero y marzo.

La polémica estalló a raíz de las advertencias contenidas en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado sobre problemas con las pulseras tras cambiar el operador adjudicatario del servicio (de Telefónica a Vodafone), y que condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en el documento. En ese momento, Erice hizo público que desde esta institución ya había advertido a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, de la existencia de fallos a principios de año a cuenta de la información que llegaba de juzgados de Granada y Galicia.

Fueron trasladados, concretamente, unos informes emitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincialas provinciasectadas por un juez de Orense.

Actas de las Comisiones de Coordinación

Este diario dio cuenta de la comunicación elaborada por la Comisión Provincial de Coordinación sobre violencia de Género de los juzgados de Granada, con fecha del pasado 19 de enero, en la que se recogían unas manifestaciones del responsable de la Guardia Civil apuntando a la existencia de "un número de víctimas" en dicha provincia que "se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que le está suponiendo la asignación de dicho dispositivo".

Se añadía que las víctimas se estaban planteando incluso "renunciar a esa medida de protección" llegando alguna de ellas de hecho a entregar su dispositivo en sede judicial. Según reconoció en dicha reunión Montserrat Muñoz Sáez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno igualmente presente en la reunión de esta comisión provincial, "desde que cambió la empresa adjudicataria ha habido una serie de disfunciones", aunque cualquier problema se transmite a la Delegación e intentan resolverlo. En el caso de Galicia, se trataba de una comunicación elaborada por un juzgado de Orense que hacía mención a la facilidad de quitarse los dispositivos.

De los fallos en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de "fallos técnicos" en los dispositivos por "localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados". Los presidentes de estos órganos judiciales solicitaban corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa --encargado de gestionar los avisos por el uso de pulseras-- ante las dilaciones para colocar los dispositivos cuya colocación es ordenada por un órgano judicial.

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