El pueblo gitano reclama que el pacto contra el antigitanismo no quede en una "declaración de intenciones"

Este 2025 se cumplen seis siglos desde el reconocimiento documental de la llegada de la comunidad gitana a la península ibérica, una fecha marcada en rojo en el calendario de miles de gitanos que todavía piden que se repare todos los agravios que ha sufrido su colectivo, sometido durante años a una discriminación que ha minado su integración no solo social, sino también institucional. Se han dado pasos para su reparación, como la conmemoración por parte del Gobierno del 2025 como el 'Año del pueblo gitano' con motivo de la efeméride, pero las entidades en defensa de los derechos de los gitanos piden que se acaben las "palabras vacías" y una erradicación total de las desigualdades sociales, culturales e institucionales que todavía pesan sobre ellos.

"No queremos palabras vacías ni políticas de maquillaje, el antigitanismo no es un tema de voluntad social o integración institucional, es una vulneración sistemática de los derechos humanos; su eliminación debe ser entendida como una obligación democrática", ha declarado Mercedes Porras, presidenta de la Fundació privada Pere Closa, parte del Intergrup del Poble Gitano, en una rueda de prensa en el Parlament. Su intervención ha tenido lugar pocas horas antes de que dé comienzo los trabajos de la comisión parlamentaria que debe dar luz verde al futuro pacto nacional contra el antigitanismo.

Se trata de una idea que nació en el acuerdo de investidura entre PSC y Comuns para hacer president a Salvador Illa en 2024 y que se materializó el pasado 13 de mayo, cuando el Parlament aprobó la creación de este órgano que debe trabajar para sacar adelante este pacto con todas las garantías. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP votaron a favor de ello en el pleno, el PPC y Aliança se abstuvieron y Vox lo rechazó. Este lunes, los partidos que dieron su 'sí', junto a los populares, se han aliado para dar voz al Intergrup y a sus demandas, antes de iniciarse la comisión.

La entidad ha agradecido encarecidamente esta voluntad política y el "consenso", pero ha sido muy contundente al avisar de que no es la primera vez que se dan pasos en esa dirección y que, por tanto, la única vía posible es que este pacto culmine en una "inclusión definitiva, solidaria y con fuerza de ley". "Celebramos este paso con esperanza, pero ha habido muchos compromisos que han quedado en palabras", ha advertido Simón Montero, presidente de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), que también integra el Integrup. "Debe ser algo más que una declaración de intenciones, queremos mecanismos de participación vinculantes"; ha añadido Porras. Y ha matizado que el pueblo gitano "no pide privilegios", sino lo que les corresponde: "justicia, historia y ciudadanía".

"Objeto político y ciudadanos de primer derecho"

La comunidad gitana pide estar presente, ser escuchada, participar, ser tenida en cuenta en las políticas públicas, y, sobre todo, tomar decisiones. "Seis siglos después de aquel reconocimiento documental en estas tierras, el pueblo gitano vuelve a ser nombrado en el corazón de la soberanía catalana, como objeto político y como ciudadanos de primer derecho", ha espetado Simón.

El momento es importante, ha remarcado, pues el auge de la extrema derecha y de los discursos discriminatorios también apunta hacia su colectivo. "El incremento de los discursos de odio hace particularmente necesario reforzar la unidad en la lucha contra [estos discursos] a través de alianzas imprescindibles", ha declarado el presidente de FAGIC, tras añadir que es cometido debe ser, no solo contra el "antigitanismo", sino contra "cualquier forma de desigualdad social, discriminación o racismo".

Suscríbete para seguir leyendo