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Presión a la UCO y fiscales

El juez del caso Leire acepta la personación del PP y resolverá sobre investigar a Zarrías tras interrogar a la exmilitante socialista

Los de Núñez Feijóo quieren que se indague si la sociedad del exdirigente del PSOE en Andalucía la compensó económicamente por los servicios prestados a Cerdán

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa. / Carlos Luján - Europa Press

Cristina Gallardo

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Madrid
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El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha aceptado formalmente la personación en esta causa del PP. Los de Núñez Feijóo quieren intervenir en las actuaciones para que se indague si el histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta para realmente compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.

En una resolución con fecha de este pasado domingo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid acuerda tener personado al PP en las actuaciones y le señala, con respecto a la solicitud que el partido ya realizó para que se impute a Zarrías, que resolverá "a la vista del resultado de las declaraciones acordadas para los próximos días 5 y 11 de noviembre de 2025".

En la primera de estas fechas el juez ha citado como testigos al Guardia Civil implicado en el caso Koldo, Rubén Villalba, para que explique en calidad de testigo sus reuniones con la exmilitante, y en esa misma fecha también escuchará el testimonio de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa por posible intento de soborno por parte de la periodista. Díez, por su parte, está citada como investigada seis días después junto al otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolset.

No obstante, el juez Zamarriego advierte al PP que como el PP se incorpora ahora al procedimiento --en el que ya están personados Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y la Asociación de la escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC), su incorporación "comporta una mera adhesión a alguna de las acusaciones que se formulen", ya que si pretende formular la suya propia debería presentar su propia querella.

Registro en la empresa

Además de la imputación de Zarrías, el PP quiere que el juez Zamarriego ordene entrada y registro de su sociedad, Zaño Sociedad Consultora. Sospechan que esta empresa, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014-- en realidad estaba compensando la labor de ésta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.

El empresario José Ruz llega al Supemo para declarar, el pasado 4 de julio.

El empresario José Ruz llega al Supemo para declarar, el pasado 4 de julio. / Gustavo Valiente EUROPA PRESS

El PP cree que existen indicios suficientes para investigar el lobby de Zarrías porque mientras la exmilitante "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (...)se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento". Igualmente, instan la citación como testigo del empresario José Ruz, propietario de la empresa Levantina, que fue objeto de diversas adjudicaciones presuntamente irregulares que se están investigando por el Tribunal Supremo.

El juez Zamarriego investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

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