¿Cuántos votos da el aborto? Las mujeres, en el centro de la guerra PSOE-PP

La polarización política que ya impregna todos los debates en España está poniendo a prueba también la sororidad. En los últimos meses, el voto de las mujeres se ha convertido en el campo de batalla del Gobierno y la oposición. Hasta cinco controversias han impactado de lleno en el ámbito de la igualdad y el feminismo. Mientras el PP ha puesto el foco en la prostitución, los comentarios obscenos de la cuadrilla Ábalos-Koldo-Cerdán y las pulseras para controlar a los maltratadores, el PSOE ha explotado a nivel nacional polémicas como los cribados oncológicos en Andalucía y el aborto en Madrid. Este último asunto ha llevado, incluso, al Gobierno a impulsar una reforma de la Constitución para consagrar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, hurgando en la herida que siempre exhibe el PP cuando esta cuestión salta a la palestra.

El objetivo de unos y otros es evidente. Alberto Núñez Feijóo trata de cuestionar la ejemplaridad de Pedro Sánchez y del PSOE para enarbolar la bandera de la igualdad, a fin de atraerse el apoyo de un electorado femenino históricamente decantado hacia la izquierda. A ello contrataca Sánchez con la táctica habitual de intentar escorar al PP hacia la extrema derecha para demostrar ante las mujeres que es Vox quien le marca el camino a Feijóo. Las relevaciones de la trama Koldo fueron un talismán para los populares antes de las vacaciones. En el barómetro de julio del CIS (sondeo proclive hacia el Gobierno), la intención de voto al PSOE entre ellas pasó del 26,17% al 19,4%, lo que significa que perdió el 25% del apoyo femenino en solo un mes. Pero el otoño político ha volteado otra vez la tendencia y los socialistas han vuelto a tomar la delantera en este campo. Según el CIS, el 28,5% de las mujeres votarían ahora a Sánchez y el 12,3%, a Feijóo.

Las encuestas del GESOP que Prensa Ibérica publica cada trimestre reflejan cómo las mujeres han cambiado varias veces de opción preferente, entre Sánchez y Feijóo, desde febrero de 2022. Es decir, como sucede con el voto de los jóvenes, la mujer se ha convertido en un segmento electoral volátil que hace temblar a PSOE y Sumar y da esperanzas a PP y Vox. Pero, en este caso, no ha sido tanto mérito de Sánchez como demérito de Feijóo. De toda la agenda social, el aborto es, seguramente, el tema más resbaladizo para el PP. No en vano, lo esquivó convenientemente en su último congreso. Y la última vez que, estando en el Gobierno, quiso abordarlo, le costó el cargo de ministro a Alberto Ruiz-Gallardón.

¿Tiene sentido confrontar con el aborto o existe un consenso social al respecto? En los años 80 y 90 era una pregunta habitual del CIS. En 1979, seis años antes de la ley que despenalizó el aborto, el 60% de los españoles estaban en contra de su legalización y el 27%, a favor. Pero solo un 19% defendía que se practicara por libre decisión de la mujer, porcentaje que fue creciendo hasta llegar al 44% en 1991. En 2011, justo después de la aprobación de la ley de plazos vigente, solo el 26% pensaba que no se debía realizar en ninguna situación y el 47% se declaraba favorable.

Desde entonces, no es un tema habitual en los estudios de opinión, pero una encuesta del CIS de 2024 sobre "ideología y polarización" preguntó a los españoles si compartían la siguiente afirmación: "Hay que proteger la vida humana, el aborto puede ser legal pero es inmoral". La respuesta dio una mayoría clara, aunque no clamorosa. El 58,4% se mostraba en desacuerdo con la tesis, pero uno de cada tres entrevistados (37,2%) la apoyaba. Entre las mujeres, el porcentaje de rechazo subía al 64,1% y el de apoyo bajaba al 30,8%. Y a los votantes del PP, el asunto les dividía tanto como lo hace dentro del partido: el 50,6% estaba a favor de la "inmoralidad" del aborto y el 44,9% estaba en contra.

Esta fractura hace que el equilibrio sea complejo a la fijar una posición. Por eso cuesta entender que el alcalde de Madrid cayese en la trampa de Vox al apoyar su propuesta de obligar a los servicios municipales a explicar a las embarazadas que se planteen abortar ese "síndrome post-aborto", sin ningún aval científico, que supuestamente les espera. Ese error fue la pista de aterrizaje de la batalla que libran los gobiernos central y madrileño, con Isabel Díaz Ayuso flirteando con la desobediencia legal y la Moncloa estirando el chicle con una reforma constitucional que mantendrá en el candelero hasta la precampaña electoral de Castilla y León. Y Feijóo surfea entre la división en el PP: defiende la ley vigente frente al antiabortismo de Ayuso, pero propone un registro de médicos que quieran practicar abortos frente al de objetores de conciencia que fija la ley.

Conviene hacer un poco de historia. En España, el aborto ya es un derecho, aunque no esté en la Constitución. La ley de 1985, del Gobierno de Felipe González, seguía considerando un delito interrumpir el embarazo, pero lo despenalizaba en tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. Pese a que las críticas iniciales de la derecha, José María Aznar no tocó la norma en sus ocho años de gobierno. Fue José Luis Rodríguez Zapatero quien impulsó la ley actual, pasando de los tres supuestos a los plazos: la mujer puede abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo, lo que lo convierte en un derecho. El PP recurrió la norma, pero, sin esperar al dictamen, Mariano Rajoy promovió una reforma que endurecía las condiciones para abortar. Ante la polvareda que levantó, la retiró, sacrificó a Gallardón y esperó al Tribunal Constitucional, que terminó avalando el texto.

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