Santos Cerdán aprovecha los autos de libertad de Ábalos y Koldo para volver a pedir su excarcelación

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a solicitar su puesta en libertad inmediata, tras cumplir 107 días en prisión. Esta vez su defensa ha acudido a los autos dictados por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente esta misma semana para mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos y al que era su principal asesor, Koldo García, lo que le lleva a considerarle víctima de "un agravio comparativo", ya que si ni "los contactos internacionales ni las cuentas de terceros" son suficientes para enviar a prisión a este último, el político navarro, argumenta, tampoco debería estarlo.

El escrito, que renuncia al recurso de apelación presentado contra el rechazo de su anterior petición de libertad, sostiene que, según el criterio del magistrado, manifestado en los autos dictados en el procedimiento contra los otros dos imputados, "ni la concurrencia de contactos internacionales ni la existencia de cuentas de terceros que pudieran contener el dinero fruto del delito ni la posibilidad de disponer de cantidades de dinero todavía no halladas son 'fuentes de prueba' [...] que exijan la adopción de medidas cautelares como la prisión provisional".

"Es un argumento silogístico sencillo: si aquellos que tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no hallado por la investigación no son objeto de prisión provisional por riesgo de destrucción de esas fuentes de prueba, mucho menos quien no tiene acreditada la existencia de cuentas de terceros ni contactos internacionales ni se le ha hallado, a pesar de los meses de investigaciónm cantidad de dinero alguno, merece [...] prisión provisional para proteger la investigación", señalan los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo.

Apuntan a que si la imputación de Ábalos y Koldo "lo es por un delito de integración en organización criminal de la que formaría parte el señor Cerdán, no llega muy bien a comprenderse cómo una parte de esa 'trama' puede poner en riesgo las fuentes de prueba (Cerdán) mientras que el resto no", señala el escrito de 19 páginas. Destaca que el juez Puente llega a afirmar que la investigación está muy avanzada, aunque lo hace en relación a la parte relativa a la compra de mascarillas por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, en la que no está imputado el político navarro. Cerdán lo está en la pieza de las adjudicaciones de obra pública alteradas.

La defensa considera "difícil de entender cuáles son las acciones de 'ocultación o destrucción' de pruebas que únicamente y con carácter exclusivo puede realizar el señor Cerdán y no el resto de miembros de esa supuesta trama", lo que le lleva a calificar de "incomprensible" la situación de prisión en que se encuentra su cliente a la espera del informe patrimonial que prepara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El juez Leopoldo Puente rechazó la anterior petición de libertad de Santos Cerdán, al considerar que existe riesgo de que altere pruebas o influya en testigos, pero anunció que saldría de prisión antes de 2026, puesto que el plazo máximo para un encarcelamiento por este motivo está fijado en seis meses desde que se decretó, que en este caso fue el pasado 30 de junio.

Sin suplicatorio

En su escrito la defensa insiste en que el magistrado ordenó investigar a Cerdán sin haber cursado el correspondiente suplicatorio del Congreso, pese a que se trataba de un diputado y, por tanto, estaba aforado. Sostiene que la UCO hizo un informe de 490 páginas que condujo a la imputación de la persona que negociaba en nombre del Gobierno con otras formaciones antes de que renunciara al escaño, lo que debería suponer la nulidad de actuaciones.

Además, señala que no hay ninguna conversación entre Cerdán y el comisionista Víctor de Aldama, cuyas declaraciones motivaron ese informe, y que la prueba en su contra surge de los audios intervenidos a Koldo García, al que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también imputado, proporcionaba móviles a instancias del citado empresario.

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