Las medidas ante la crisis de vivienda se agolpan en el Congreso por la falta de consenso entre el Gobierno y sus socios

Entre la decena de sobrenombres que se le ha intentado poner a esta legislatura, como si de reyes se tratarán, está el de la 'legislatura de la vivienda'. Las manifestaciones en las calles por las dificultades de acceso al alquiler o la compra de un inmueble o el hecho de que este asunto sea la principal preocupación de la ciudadanía, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han situado la cuestión en el centro del debate político. Al punto de que en el Congreso se acumulan hasta seis iniciativas legislativas para tratar de solucionar la situación. Sin embargo, la compleja aritmética parlamentaria y por los vetos cruzados entre socios del Gobierno las mantiene guardadas en un cajón.

Tras la ardua negociación que se produjo en la anterior legislatura entre la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el exministro de Transporte y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para sacar adelante la Ley de Vivienda, los socios del Ejecutivo se afanan ahora en cerrar alguna de las fugas que detectaron en aquel texto. No obstante, la distancia ideológica que separa a PNV o Junts de los aliados a la izquierda del PSOE impide grandes avances.

En los últimos dos años, el bloque de la investidura solo ha estado de acuerdo en dos ocasiones en lo relativo a la cuestión de la vivienda. La primera, en diciembre del año pasado, cuando, tras una primera derrota, ERC, EH Bildu, Podemos y Sumar lograron convencer a los posconvergentes para aceptar a trámite una norma que pretende regular los alquileres temporales y otorgar a los inquilinos los mismos derechos que aquellos que tiene contratos de vivienda habitual. Sin embargo, el texto lleva bloqueado desde mayo con una treintena de enmiendas presentadas por PSOE, Junts y PNV.

Y, la segunda y última vez, esta misma semana. Todo el bloque de la investidura aceptó debatir una proposición de ley presentada por EH Bildu para obligar a las plataformas digitales, como Airbnb o Booking, a solicitar preceptivamente a los anunciantes el "número de registro y licencia en vigor correspondiente a la Vivienda de Uso Turístico". De esta forma, sostienen, se evitaría que miles de pisos se redirigieran de manera ilegal al mercado turístico. En esta línea, Pedro Sánchez anunció hace unos días la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un atlas de intensidad turística.

Las propuestas que no convencen

Hasta aquí, los pocos consensos alcanzados. No obstante, en el Congreso hay otras cuatro proposiciones de ley más registradas -una del PSOE, dos de Sumar y una de Podemos- para hacer frente a la crisis de la vivienda y que, por el momento, sus autores no se han atrevido a llevarlas a debate. La más relevante ha sido la presentado por los socialistas en mayo y que planteaba la creación de un nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea que compren casas en España o desgravaciones fiscales de hasta el 100% del alquiler para los caseros que pusieran el precio por debajo de mercado.

La iniciativa del PSOE murió casi antes de ser debatida. A los pocos días, Sumar y Podemos ya anunciaban que no respaldarían la aceptación a trámite de este texto. En los meses anteriores, los de Yolanda Díaz habían registrado sus propias propuestas. Una para reformar la Ley de Vivienda y prohibir a las personas jurídicas la posibilidad de adquirir inmuebles de carácter residencial y otra para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y que la duración de los contratos de alquiler residencial tengan una duración indefinida. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido debatida.

Podemos también tiene otra norma en barbecho. La última, registrada en mayo de 2024, pretendía elevar de 5 a 10 años la duración mínima de los contratos de alquiler y 12 cuando el propietario fuera una persona jurídica. Además, el texto recogía la congelación del precio de los alquileres durante toda la legislatura o prohibir la compra de vivienda si no es para residir en ella. Unas propuestas que, a la vista está, contaría con el veto de otros socios de investidura.

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