Salvador Illa certifica que sin avances en financiación y sin regulación de la vivienda no tendrá presupuestos

Salvador Illa salió de su segundo debate de política general como president con su principal anuncio en entredicho. El Parlament tumbó su propuesta estrella: la movilización del suelo disponible en Catalunya para la construcción de 214.000 pisos nuevos -con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida-, aunque el PSC sometió a votación un redactado mucho más genérico en el que se ofrecía para un "acuerdo de país" en materia de vivienda para activar, hasta 2030, "suelos de construcción de vivienda protegida". ¿Complica esto sus planes? En el Govern aseguran que no. Primero, porque la votación no es vinculante y porque en Palau están determinados a construir todo lo que se pueda ante la falta de oferta. Y, segundo, porque este revés creen que no altera sus alianzas, por mucho que los Comuns no hayan apoyado las medidas del PSC en materia de vivienda. Ahora bien, la lección es clara: sin avances en financiación y sin regulación de la vivienda no habrá presupuestos este 2026.

La maratoniana tercera jornada de discusión parlamentaria certificó que Illa retiene a ERC y Comuns como socios de la legislatura (le salvaron de una reprobación) y trata de no tensar la cuerda más de la cuenta con Junts, que buscó abrir una grieta entre él y Pedro Sánchez a cuenta de la negociación de un referéndum de autodeterminación que el Parlament también tumbó. Un factor que evidenció el cambio de rasante en Catalunya: Batet (Junts) afeó al president haberse "cargado la biblioteca entera" de tanto querer "pasar página" del 'procés'. Está por ver cómo digiere Junts que el PSC haya votado en contra de sus propuestas sobre las selecciones catalanas, el déficit fiscal, el concierto económico o la inmigración.

Si antes era el independentismo el que se esforzaba en ensanchar la base, el Govern cree ahora que la batalla fratricida entre Junts y ERC -que no pactaron ni una sola propuesta de resolución conjunta sobre la autodeterminación ni sobre cualquier otro asunto- le amplía la frontera de voto y que salir a morder a la extrema derecha es ventajoso para acabar con el mantra de que las izquierdas no abordan asuntos espinosos como la seguridad o la inmigración. El cordón sanitario se impuso y Junts votó en contra de todas las propuestas del partido de Sílvia Orriols, que tampoco cumplió su promesa de llevar a votación el levantamiento de la declaración unilateral de independencia fallida en 2017.

La oposición se acomodó en un debate centrado en vivienda, financiación, infraestructuras, seguridad e inmigración; que transcurrió en un tono sereno, salvo cuando intervino la extrema derecha, rozando los límites del decoro parlamentario. Illa solo se saltó el guion en una ocasión, cuando desoyó a su equipo para responder uno por uno a los grupos y no en bloque la tarde del martes. En Palau celebran el devenir del pleno, pero constatan que no queda otra que cumplir con los pactos alcanzados para su investidura y tratar de sostener al presidente del Gobierno en la Moncloa para que la legislatura catalana no se tambalee.

Illa ante su propio reto

El jefe del Govern se enfrenta ahora a su propio reto y pide el mismo esfuerzo que hizo él como jefe de la oposición del Govern de Pere Aragonès. Catalunya está gobernada con unas cuentas públicas que fueron aprobadas en 2023, pero la solidez de un ejecutivo pasa también por la capacidad de liderarlo. Y el president quiere hacerlo desde la centralidad y el reformismo, contentando a republicanos y morados con proclamas en favor de la intervención en el mercado de la vivienda, y con guiños a una posconvergencia a la que le reclama no quedar apartada de los grandes acuerdos de país en asuntos como la colaboración público-privada o la mejora (y ampliación) de las infraestructuras.

Illa tiene claro que la financiación es la clave de esta legislatura, y el principal triunfo de su mandato si lo consigue, y que ERC aprieta, pero no ahoga. Los republicanos tienen interlocución directa en Madrid con el PSOE, están al tanto de los avances en esta materia y cuentan con el compromiso del PSC de que la ordinalidad quedará garantizada. Queda por concretar cómo se plasma en la propuesta del Gobierno para un nuevo sistema autonómica y cuánto dinero reparte a cada comunidad. Hasta que no haya un paso público y concreto del ministerio de Hacienda en esta dirección, Illa no provocará a ERC amenazando con aprobar las cuentas en el Consell Executiu. Tampoco a Junts, por cierto, ya que el PSC se abstuvo en la petición de que Catalunya recupere su "deuda histórica", pero no por ello la posconvergencia respondió sumando sus votos a los de la mayoría de la investidura en favor de una financiación singular.

¿Y con los Comuns? El panorama negociador pretende quedar despejado este octubre con la oficina antidesahucios y el registro de grandes tenedores. El Govern acompasará estas medidas, junto con la ley para agilizar la burocracia en la construcción y la regulación del alquiler de temporada con la que es su principal apuesta: la construcción. Por mucho que el Parlament, hoy por hoy, la cuestione.

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