González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un "relato político" y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reclamado ante el Tribunal Supremo que mantenga vigente la fianza impuesta al fiscal general del Estado para que pueda resarcirle en el caso de ser condenado por vulneración de secretos. En su escrito de impugnación contra el recurso que presentó Álvaro García Ortiz, la defensa del empresario alega que la actuación de la Fiscalía contra él facilitó que desde diferentes ámbitos se le llamara "delincuente confeso" para generar "relatos políticos", y pide que se le compense también por el daño sufrido por sus hijos menores.

"Después de un año y siete meses de los hechos, la intensidad de uso del relato político lesivo construido aparte de la actividad delictiva de revelación ejecutada por don Álvaro García Ortiz, que ha sido continua y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan", señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Pérdida de contratos

La defensa alega que por el camino están " los perversos efectos en la vida de menores de edad que forman parte de ese entorno familiar directo" de González Amador y señala también los "padecimientos profesionales y empresariales" han alcanzado a la pérdida de contratos y a la "pérdida de capacidad de generación de nuevos negocios", por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Por otra parte, la acusación particular argumenta contra la alegación de García Ortiz, que se considera exento de tener que prestar fianza --ya puso un aval por una propiedad inmobiliaria valorada para hacer frente a los 75.000 euros que se le reclamaron-- en cumplimiento de la ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. El novio de Ayuso considera que la norma no es aplicable porque la persona física del fiscal general "no es ni Estado, ni entidad pública empresarial, ni organismo público ni un órgano constitucional".

Además, agrega en su escrito que los efectos de la conducta delictiva de García Ortiz no terminaron los días 13 y 14 de marzo de 202, cuando se elaboró y distribuyó la nota de prensa sobre el intento de pacto entre la defensa de García Amador y la Fiscalía para evitar a juicio por delito fiscal. En este punto insiste Alberto González Amador "formaba parte de la política de comunicación del Gobierno por ser la pareja de una rival política", en alusión Díaz Ayuso.

El empresario pide ser resarcido por las alusiones a su persona como "delincuente confeso" --tras filtrarse el mail en el que su abogado reconocía la comisión de dos delitos-- que realizaron tanto el presidente el Gobierno como sus ministros Félix Bolaños y Óscar López, entre otros.

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