Catalunya reclama que la nueva financiación cumpla con la "ordinalidad" tras un año sin concreciones

El Parlament ha vuelto a reclamar este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez una nueva "financiación singular" para Catalunya que cumpla con el principio de "ordinalidad" en la distribución de los recursos y que le permita a la Generalitat recaudar de forma íntegra "todos" los impuestos, empezando por el IRPF. Lo ha hecho en la última sesión del debate de política general aprobando varias resoluciones en este sentido que habían presentado el PSC, ERC y los Comuns.

Durante las votaciones ha sido imposible no tener una cierta sensación de estar en el día de la marmota porque en el debate de política general de 2024 ya se aprobaron resoluciones muy similares a estas. El problema es que en el año que ha transcurrido desde entonces no se ha avanzado en casi nada. Es verdad que la Generalitat y el Estado celebraron el pasado mes de julio una Comisión Bilateral para sentar las bases de la nueva financiación, pero el Gobierno de Sánchez nunca ha presentado una propuesta formal. No hay, por ahora, nuevo modelo.

Es importante que el Parlament este jueves haya vuelto a pedir que la nueva financiación autonómica, sin dejar a un lado la solidaridad entre territorios, respete la "ordinalidad". La ordinalidad es un principio que establece que las comunidades tienen que estar en el mismo puesto del ranking de aportadores de recursos a la caja común que en el ranking de receptores de recursos. Eso implica, por ejemplo, que si una comunidad es la sexta que más aporta al Estado, debe ser también la sexta que más recibe. El president Illa denuncia de forma recurrente que Catalunya es la tercera comunidad que más recursos aporta, pero la decimocuarta a la hora de recibirlos. El problema hasta ahora es que el Gobierno se ha mostrado reticente a aceptar esta ordinalidad porque, para cumplir con Catalunya, tiene que entrar en conflicto con otras comunidades. Este es uno de los nudos de la negociación.

¿Y los impuestos?

También ha habido otro detalle destacado a tener en cuenta. Se ha aprobado una resolución del PSC en la que asume la necesidad de hacer las "reformas legislativas pertinentes" para concretar que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Hay que interpretarlo como un guiño a ERC, que lleva semanas reclamando que se apruebe una ley en el Congreso en este sentido. Ahora solo falta que socialistas y republicanos se pongan de acuerdo en cómo hacerlo. Hasta este momento no lo han conseguido.

Durante el debate de política general, ERC se ha mostrado muy insistente en que el president Illa tiene que empezar a conseguir resultados en la negociación de la financiación con el Gobierno de Sánchez. "President, se le acaba el tiempo", le advirtió el miércoles el líder parlamentario de ERC, Josep Maria Jové. Este jueves, la portavoz republicana, Ester Capella, ha lanzado la misma advertencia: "No nos pida más paciencia".

Illa ha asegurado que cumplirá con lo pactado, pero ha avisado de que no será "sencillo". Sea como sea, en el debate de política general el PSC, ERC y los Comuns han vuelto a remar en la misma dirección en cuanto a financiación esperando que, en el debate de política general de 2026, no haya que lamentar otra vez la falta de avances. Junts se ha desmarcado en la mayoría de votaciones de este tema porque considera que el modelo que se propone es poco ambicioso. De hecho, el partido de Puigdemont ha presentado una resolución propia reclamando un "concierto económico" como el de Euskadi que ha sido rechazada.

Contra la opa y a favor de un salario propio

En un debate como el celebrado este jueves en el Parlament se tocan todos los temas candentes de la actualidad. Así, la Cámara ha vuelto a posicionarse en contra de la opa del BBVA al Banc Sabadell. A través de una resolución de Junts, ha pedido al Gobierno de Sánchez, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España "suspender cualquier validación definitiva de la opa" y que esta "operación hostil" solo pueda prosperar si cuenta con el apoyo de al menos el 50% del capital social del Banc Sabadell. La resolución no es vinculante, pero vuelve a posicionar al Parlament en contra de la operación.

Finalmente, en términos económicos, ha habido aún alguna votación destacada más. Por ejemplo, se han aprobado varias resoluciones a favor de que Catalunya tenga un salario mínimo propio superior al salario mínimo estatal. Una de ellas pide que se fije este salario propio en los 1.420 euros. El argumento es que en Catalunya el coste de la vida es más elevado. No es la primera vez que se intenta un salario catalán, pero hasta ahora ha sido imposible porque la Generalitat no tiene competencias para impulsarlo por su cuenta.

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