Conflictos de intereses y contratación
Sánchez anuncia un nuevo Portal de Transparencia para responder mejor a la corrupción
Se incorporarán todas las agendas, viajes oficiales, así como las cuentas anuales de las entidades públicas
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para obligar a aplicar medidas de transparencia a todas las instituciones públicas, incluida la Casa Real, y extender la aplicación del conflicto de intereses
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la última sesión de control en el Congreso. / José Luis Roca
Por qué confiar en El Periódico El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno lanzará un nuevo Portal de Transparencia donde la ciudadanía podrá consultar las agendas de los altos cargos, viajes oficiales, así como las cuentas anuales de las entidades públicas. Se trata de una herramienta más clara y con más datos que la actual, “bajo la premisa del derecho a saber, el derecho a entender y el derecho a participar”, según ha avanzado el jefe del Ejecutivo este martes durante la inauguración de la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, en Vitoria.
El Gobierno se adelanta así a algunas de las obligaciones recogidas en el anteproyecto de Administración Abierta aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Según ha explicado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, la norma busca ampliar las obligaciones de publicidad activa de los viajes oficiales y de las retribuciones del personal eventual y regula un régimen de infracciones y sancionador por incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, que van de los 600 a los 1.000 euros.
Se aplicará a todos los altos cargos, hasta llegar al nivel de subdirectores generales. En lo referente a Casa Real se extendería al personal directivo. La potestad para establecer sanciones recaerá en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La ley incluye las auditorías ciudadanas y los pactos de integridad. Las primeras permitirían a los ciudadanos participar junto a la Intervención General del Estado y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal. En cuanto a los pactos de integridad, los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir junto con sus ofertas y como condición para su admisión a la licitación el compromiso de suscribir un pacto de integridad para prevenir y luchar contra la corrupción, así como el compromiso de someterse a una monitorización de todas las fases del procedimiento por las auditorías ciudadanas.
En línea con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), el anteproyecto incluye la aplicación de un régimen de detección y prevención de conflictos de intereses al personal eventual que presta funciones de confianza o asesoramiento especial. De acuerdo con dicho régimen, se exige la idoneidad del personal eventual para el desempeño del puesto público, así como la obligación de publicar su currículum en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado. Dicho personal tendrá también que presentar las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, tanto en su toma de posesión como al cese.
Contratación pública
El conflicto de intereses, bajo una nueva definición, será aplicable a todo el personal público de todas las administraciones. Para ello se realizará de forma paralela un registro de abstenciones de todo el personal y de todas las administraciones.
El jefe del Ejecutivo también ha anunciado la incorporación de la inteligencia artificial a la Plataforma de Contratación del Sector Público para “realizar auditorías masivas, detectar patrones irregulares de posibles fraudes y evolucionar hacia un auténtico modelo de supervisión estructural”. Según ha defendido, la mejor garantía en la contratación pública “es la vigilancia”.
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