Salvador Illa promete 210.000 pisos más en Catalunya con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida

La vivienda está en el podio de las preocupaciones de los catalanes y el Govern es consciente de que poner freno a la crisis habitacional es una urgencia porque no hacerlo amenaza con poner en riesgo los avances sociales. El president Salvador Illa, que en el debate de política general de hace justo un año prometió la construcción de 50.000 pisos de alquiler social en 2030, ha anunciado este martes, en el mismo atril del Parlament, que se propone crear otros 214.124 pisos más, a través de la colaboración público-privada, con una reserva de protección oficial de entre el 40% y el 50%. El resto, por lo tanto, serán privados. La promesa, en esta ocasión, no incluye un calendario específico ni un presupuesto claro.

En el Palau de la Generalitat parten de la idea de que no es que en Catalunya falte suelo, sino que este no se había gestionado durante estos últimos años para transformarlo en solares en los que poder cimentar nuevos hogares. Tras rastrear los terrenos disponibles en los municipios catalanes, el Govern calcula que hay 21.728 nuevas viviendas que solo están pendientes de las obras de urbanización, 32.396 que esperan la gestión para la construcción, y otras 118.562 que podrían ubicarse en solares ya identificados que, según se distribuya la densidad en el edificio, podrían alcanzar los 160.000 pisos.

Illa apuesta por la colaboración público-privada para movilizar todo el suelo disponible en Catalunya para edificar

Esto implica que, del anuncio de Illa, hay 54.124 pisos que se construirán gracias a una reserva de solares que, a más tardar, estará lista en 2027, a los que hay que sumar entre 118.562 y 160.000 más, según el proyecto final de cada solar y las viviendas que pueda alojar, cuya previsión es que se ponga en marcha entre el 2028 y el 2030. Así pues, como máximo, en Catalunya se construirán 214.124 pisos nuevos con este nuevo plan -mayoritariamente en el área metropolitana de Barcelona-, pero no hay todavía un margen claro de tiempo para que los catalanes tengan las llaves.

Uno de los principales escollos par agilizar la construcción es la burocracia, por lo que Illa ya se ha puesto manos a la obra para tratar de dar celeridad con una ley que está en tramitación parlamentaria.

"Alejémonos de dogmatismos y actuemos con determinación. Cuando el mercado no funciona, hay que intervenirlo. Un mercado desregulado, por sí mismo, no garantiza el acceso a la vivienda. El mercado está fallando y las administraciones tenemos el deber de intervenir", ha enfatizado ante el hemiciclo.

La ambición de este plan es posible porque, a diferencia del proyecto de los 50.000 pisos, en este caso no todas las nuevas viviendas serán de protección oficial y en régimen de alquiler. En esta nueva línea de promociones inmobiliarias, se deberá cumplir con la reserva que fija el plan territorial sectorial de vivienda, lo que supone al menos 85.000 pisos sean de protección oficial. El Govern se acercaría así al objetivo de que el 15% del parque de vivienda sea protegido, ya que actualmente la cifra se sitúa en el 3,7%.

Cuando el mercado no funciona, hay que intervenirlo

Destinando la mayor parte de su discurso a la vivienda, Illa ha querido rendir cuentas sobre el estado de los 50.000 pisos que prometió hace un año y ha aclarado que 31.000 viviendas ya están en marcha, pero en distinta fase de construcción: 22.241 de la reserva de solares, 4.000 de obra pública, más de 3.000 de los ayuntamientos y 1.800 de adquisición. En este punto, también ha sacado pecho de las subvenciones para la adquisición de un primer hogar por parte de los jóvenes, que cubren el 20% del valor de la vivienda a través de un préstamo sin intereses, y que, del 30 de junio al 30 de septiembre, ha recibido 4.072 solicitudes, de las cuales 1.832 reunían los requisitos y, de estas, 831 ya se han aprobado y 921 están en fase de estudio. El importe medio de la compra, según el Govern, es de 200.000 euros y la solicitud media del préstamo es de 36.000 euros (el máximo está fijado en 50.000 euros).

La seguridad pública es una política social

El jefe del Govern ha vinculado el derecho a tener una vivienda digna con el derecho a vivir con seguridad. "La seguridad pública es una política social, es también una política de izquierdas", ha reivindicado, en una alusión velada a la extrema derecha que saca tajada de la conflictividad social y de la división política. Illa ha defendido que Catalunya es hoy "más segura" porque las cifras de delincuencia han caído un 4,18% -aunque han aumentado las denuncias por agresión sexual- y ha recetado más mossos, más recursos y más plan de barrios para evitar la degradación de las zonas y fomentar así la seguridad. También contra el auge de los ultras, el líder de la Generalitat ha advertido de que la inmigración "nos hace ser un país mejor" porque "enriquece", y ha arremetido contra quienes "practican la política deshumanizada y mezquina": "Ni un paso atrás, ni una sola duda, ni una sola grieta".

La inmigración nos hace ser un país mejor

Para atender las situaciones de emergencia, también ha anunciado que aumentará la dotación de bomberos en un 36,8% para llegar a los 4.000 efectivos en cuatro años; que incrementará en 700 las plazas de medicina para que alcancen las 2.000, y que reducirá a la mitad la lista de espera para la valoración de la dependencia o la discapacidad.

Los presupuestos y la financiación

Unas medidas que, a su juicio, no podrían ser una realidad si en Catalunya no se hubiera recuperado la institucionalidad. Haciendo bandera de esta 'normalización', Illa ha pedido apoyo a los grupos de la Cámara para poder aprobar unos nuevos presupuestos para 2026 que permitan mantener el motor económico encendido: "Mi prioridad es tener unos buenos presupuestos cuanto antes, y por este orden", ha recalcado, aunque la negociación ya debería estar en marcha para que entraran en vigor el 1 de enero y, por ahora, ninguno de los socios está por la labor. En esta petición directa a ERC y los Comuns, ha mencionado su compromiso con una financiación singular para Catalunya, ratificando que cumplirá los pactos "íntegramente" y que presentará una propuesta propia -después de que ERC registrara en solitario en el Congreso la ley para dar encaje legal al traspaso de la gestión del IRPF-. Eso no le ha impedido reconocer que la negociación y el acuerdo con el Gobierno será "complejo", por lo que ha pedido "paciencia". Los republicanos no han tardado en replicarle que "el país no espera" y que "los acuerdos se cumplen y se honoran".

Illa ha insistido en que también está cumpliendo con el traspaso de Rodalies, aunque ha admitido que queda trabajo por hacer y que las obras, si bien permiten acercar el objetivo de tener un mejor servicio de la red ferroviaria, son molestas; y ha celebrado el pacto con Aena para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat con compensaciones medioambientales con la asignatura aún pendiente de que la Generalitat entre en la gobernanza.

Clamor por la amnistía y por Gaza

Illa ha inaugurado la sesión plenaria, que se alargará hasta el jueves con la votación de las propuestas de los partidos, denunciando que en el hemiciclo "falta gente": "Faltan Carles Puigdemont y Lluís Puig. Pido la aplicación ágil, efectiva y plena de la ley de amnistía. El Govern y yo mismo estamos plenamente comprometidos con ello", ha deslizado, en un claro alegato para su regreso, y con la esperanza de que los jueces finalmente la apliquen a todos los dirigentes del referéndum del 1-O para cerrar del todo el capítulo del 'procés'.

Pero no solo ha echado de menos a Puigdemont y Puig, sino también a la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, que ya está en Catalunya tras ser deportada por Israel como miembro de la Flotilla, una misión de la que ha agradecido su "nobleza y espíritu solidario". El día en que se cumplen dos años de los ataques de Hamás, Illa ha condenado los atentados, así como el "genocidio" que está perpetrando el gobierno israelí en Gaza, y ha anunciado un nuevo programa, llamado 'Catalunya, casa de acogida palestina', para atraer a estudiantes, pacientes hospitalarios o profesionales y garantizarles el alojamiento y la continuidad académica, al tiempo que se ha comprometido a destinar dos millones de euros de la Agència Catalana de Cooperació en el presupuesto de 2026 para la ayuda humanitaria en Palestina.

"Esta Catalunya es la Catalunya que está en marcha", ha zanjado Illa. Este miércoles la oposición hará su propia valoración en el hemiciclo.

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