Consell Executiu
El Govern de Illa recupera el gabinete jurídico para defender a los Mossos que desmontó ERC
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Imagen de un agente de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. / MOSSOS D'ESQUADRA
Por qué confiar en El Periódico El conseller de Interior de ERC, Joan Ignasi Elena, acordó el traslado de la defensa penal de los Mossos d'Esquadra al Gabinete Jurídico Central, que depende de Presidència, tras haberlo acordado para la investidura de Pere Aragonès con la CUP. Ahora, con el PSC al mando de la Generalitat, el president Salvador Illa ha decidido recuperar la estructura que quedó desmontada y crear a la Subdirecció General d’Assistència i Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.
El Govern sostiene que esta nueva unidad "reforzará y reorganizará los servicios jurídicos" para garantizar un asesoramiento "más especializado, eficiente y cercano a las unidades administrativas y operativas" de los Mossos d'Esquadra. ¿Por qué ahora? Pues porque según ha detallado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha crecido la plantilla de agentes (y se prevé alcanzar los 25.000 uniformados en 2030) y también se han diversificado los tipos delictivos, por los que se requiere de una mayor especialización. "Es necesario reforzarlo con esta unidad específica, aunque esté coordinada con el gabinete central", ha insistido la consellera.
En el Palau de la Generalitat, al margen de la lectura política que tenga recuperar una arquitectura que uno de sus socios parlamentarios preferentes diluyó, es que este desarrollo no había ido acompañado de un incremento proporcional de los recursos jurídicos, lo que requiere ahora de una estructura más sólida y coordinada para un "apoyo legal integral".
La nueva subdirección, que dependerá de la Direcció General de la Policia que lidera el exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, coordinará dos unidades principales: el Àrea de Defensa i Assessorament Penal, para dar apoyo a procedimientos penales y de coordinación de la asistencia letrada a los miembros de la policía; y el Servei d’Assessorament Jurídic Administratiu, que se ocupará de las cuestiones relacionadas con el ámbito administrativo y la protección de datos.
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