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Debate de política general

El PP catalán quiere que los menores extranjeros no acompañados "que hayan demostrado nula voluntad de integración" sean expulsados

El partido lleva al Parlament una propuesta de resolución sobre el control de fronteras que no está en manos de la Generalitat y que contraviene la convención sobre los derechos de los niños

Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana

El PP plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"

Alejandro Fernández, presidente del PPC, en su escaño en el Parlament.

Alejandro Fernández, presidente del PPC, en su escaño en el Parlament. / Zowy Voeten / EPC

Gisela Boada

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Barcelona
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El PP catalán sube el tono contra la inmigración en el Parlament. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, entre las propuestas de resolución que llevará a votación el jueves, hay la petición de que la Cámara catalana reclame al Govern que se pueda expulsar "con garantías legales" a los menores extranjeros no acompañados que "hayan demostrado nula voluntad de integración". Una medida sobre el control de fronteras sobre las que la Generalitat no tiene competencias y que, además, contraviene la convención sobre los derechos de los niños.

Según el Derecho Internacional de los Refugiados y las Convenciones sobre los Derechos Humanos, no se puede devolver a una persona a un lugar donde su vida o integridad física corra peligro, lo que incluye menores no acompañados. Si el menor fuera expulsado a un país donde enfrentara riesgos como violencia, tráfico humano, mutilaciones, o persecución, esa expulsión violaría sus derechos humanos fundamentales.

Todo ello, en una propuesta en la que también piden la retirada de las prestaciones sociales a los inmigrantes que cometan delitos o infracciones de las "ordenanzas de civismo" y que la Generalitat vincule las ayudas sociales a los no residentes con el "cumplimiento contrastado de obligaciones de integración en la sociedad catalana". Los populares escenificarán así el giro discursivo del partido hacia posiciones mucho más duras y coincidentes en algunos puntos con la extrema derecha, como en el caso de las garantías de integración para las deportaciones, algo fuera de la ley, y que forman parte del plan de inmigración que prepara el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a través de la 'Declaración de Murcia', un manifiesto sellado por todos los barones del PP, que es el preludio de lo que, la próxima semana el PP desgranará en Barcelona.

Las propuestas del PP catalán, como ya explicó el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, están basadas en esta declaración suscrita por los presidentes del PP en las autonomías que inspiran el futuro plan. Feijóo, en línea con lo que presentará el PPC, propone el veto del Ingreso Mínimo Vital a los inmigrantes que cometan delitos o la implementación de un visado por puntos, parecido al de países como Reino Unido, Canadá y Australia, que valora la capacitación profesional de quienes lo soliciten, su nivel de castellano o las necesidades concretas del mercado laboral, pero también otras cuestiones menos cuantificables como la "integración cultural" de quienes llegan al país, con un reconocimiento -reza el texto firmado en Murcia- a las "naciones hermanas de Hispanoamérica".

Desde Génova dejan la puerta abierta a que el país de origen sea también un aspecto a tener en cuenta en este hipotético visado, algo que acabarán de definir con concreción próximamente. "Los recursos públicos son limitados y deben destinarse primero a los que contribuyan y puedan acreditar un arraigo real en el país que le ha acogido", defiende el PP catalán en el texto que llevará a votación.

Si bien los populares desde Catalunya no entran en valorar el visado por puntos, algo que es de competencia estatal, en su propuesta del debate de política general, sí recogen otras medidas que pueden llevarse a cabo desde la Generalitat. Ejemplo de ello es que proponen implementar un "plan integral de orden y convivencia" con la creación de unidades mixtas entre Mossos d'Esquadra y policías locales en barrios "con alta conflictividad" que reúnan información sobre "las personas que viven de forma irregular" con el objetivo de acelerar los desalojos de "ocupaciones ilegales, y pisos pateras", aunque esto, de nuevo, dependerá de que consigan retocar la ley para agilizar estos trámites.

En una línea similar, llevan a votación la implementación de un "registro administrativo" que detecte "fraude en el empadronamiento" de las personas inmigrantes y que "unifique datos" para evitar que los no residentes cobren duplicidades en las ayudas sociales que reciben.

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