¿El Govern cumple con las órdenes del Parlament? Repaso a las propuestas de resolución un año después

Un debate de política general sirve, fundamentalmente, para dos cosas: que el president exponga sus planes para el nuevo curso político, y para que el Parlament le ponga deberes al Govern aprobando propuestas de resolución. Estas resoluciones son, sobre el papel, de obligado cumplimiento, pero no tiene consecuencias vinculantes si el ejecutivo de turno no las aplica. En el debate de 2024, la Cámara aprobó 56 resoluciones completas y 47 de forma parcial. Un año después, su cumplimiento está lejos de ser el idóneo en las cuestiones clave de esta la legislatura.

Financiación

Si hubo una cuestión estrella en ese debate es que, por primera vez en más de una década, el Parlament rechazó la demanda de un referéndum y puso rumbo a la "financiación singular". Sin embargo, se ha avanzado muy poco en esta cuestión. La Cámara le reclamó al Govern promover un nuevo sistema basado en el principio de "ordinalidad" para que Catalunya no reciba menos recursos de los que aporta a la caja común. Esta petición ha quedado difuminada en el acuerdo posterior entre la Generalitat y el Gobierno. Además, le exigió impulsar las reformas necesarias para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pudiera "recaudar el IRPF a lo largo de 2026". El Govern ha tomado las primeras medidas para hacer crecer la ATC, pero ya admitió que hasta 2028 será imposible recaudar este impuesto.

Vivienda

Si en algo puso deberes el Parlament al ejecutivo de Illa fue en materia de vivienda. Aquí, en lo que al cumplimiento se refiere, ha habido una de cal y otra de arena. El Parlament encargó al Govern, entre otras cuestiones, regular los alquileres de temporada e impulsar leyes para evitar que haya viviendas de protección oficial en zonas de demanda tensionada que pasen al mercado privado. Lo primero debería quedar resuelto este otoño y, lo segundo, está también en proceso. Sin embargo, no se ha creado ni la unidad antidesahucios -el "servicio de intervención en procesos de pérdida de la vivienda habitual", en su denominación oficial- ni el registro de grandes tenedores. Los Comuns andan enfadados con el Govern por ello y el Executiu prevé saldar estas dos deudas este octubre.

Rodalies

En la próxima década, uno de los grandes 'hits' de la política catalana será el traspaso de Rodalies. En noviembre de 2023 se pactó el "traspaso integral" de su gestión a la Generalitat, pero ya ha quedado claro que no será ni fácil ni rápido. En el debate de política general del año pasado se aprobó que se constituiría "la nueva operadora del servicio entre 2024 y 2025" y que se traspasarían las primeras infraestructuras -las vías, por ejemplo- a lo largo del año. En junio nació Rodalies de Catalunya -previa autorización del consejo de administración de Renfe-, pero no se ha iniciado el traspaso de las líneas. Debería empezar por la R1, pero no hay novedades. El servicio, además, sigue registrando numerosas incidencias y el debate de política general arrancará, precisamente, el mismo día que empieza el corte de 16 meses de la R3.

Aeropuerto de El Prat

En aquel pleno de octubre, el Govern también asumió varios compromisos relativos al Aeropuerto de El Prat. Por un lado, sí ha cumplido con el encargo de presentar "los trabajos" para "la ampliación" de esta infraestructura. Lo hizo Illa en el mes de junio pasado. Sin embargo, ha incumplido con todo lo que tiene que ver con la gobernanza del aeródromo. Aquel día el Parlament encargó al president convertir la Generalitat en un "actor determinante en la toma de decisiones estratégicas" sobre el aeropuerto. También la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Nada de esto no ha ocurrido. Es más, Aena ha cerrado la puerta a ceder su papel preponderante en la gestión de El Prat.

Memoria Democrática

Catalunya está a las puertas de aprobar su nueva ley de memoria democrática. El Parlament reclamó al Govern presentar el anteproyecto y así lo hizo. El punto conflictivo aquí es la Comisaria de la Policía Nacional de Via Laietana. La Cámara exigió que se convierta un "espacio de memoria", como recordatorio de los abusos que se cometieron durante el franquismo. En julio, el Gobierno declaró el edificio como Lugar de Memoria Democrática, lo que obligará a que señalicen los espacios de tortura y persecución política. Sin embargo, la comisarían no se trasladará, para enfado de las entidades memorialistas.

Derechos sociales

Un debate de política general siempre deriva en una larga lista de reclamaciones sociales al Govern de turno. En 2024, en pleno debate sobre el aumento del salario mínimo interprofesional en el conjunto de España, el Parlament encargó al Govern el impulso de un salario mínimo catalán propio. La idea de fondo es que Catalunya debería tener un SMI superior al del resto del Estado porque aquí el coste de la vida es superior. No se ha hecho. Tampoco se ha creado el "servicio de psicólogo gratuito" ni se ha garantizado que las visitas en la atención primaria serán en un máximo de 48 horas.

Turismo y Hard Rock

En aquel debate, el Parlament encargó al Govern "incrementar como mínimo el 50%" el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Illa logró luego pactar un decreto con los Comuns, pero el desacuerdo con ERC frenó toda la operación. Un año después, siguen las negociaciones, pero van tan lentas que ya está descartado que entre en vigor cualquier subida de la tasa turística como mínimo hasta el 1 de abril de 2026. En materia de impuestos, sí se ha cumplido con otro de los encargos que se hizo: la supresión de las ventajas fiscales al casino del proyecto de ocio Hard Rock. En este caso, una mayoría formada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP certificó que si el casino llega a hacerse algún día no pagará el 10% sino el 55%.

Cultura y protección del catalán

El principal acuerdo del debate de política general en materia cultural fue comprometer al Govern "a dedicar el 2% del presupuesto de la Generalitat" a políticas culturales. No ha habido presupuesto y, en consecuencia, tampoco se ha cumplido con esta ambición. Ahora mismo, el Govern tampoco tienen buenas perspectivas para aprobar las cuentas de 2026, por lo que este 2% tiene posibilidades de volver a posponerse. Illa sí que ha logrado hacer cumplir el encargo del Parlament de "firmar, aprobar y desplegar el Pacte Nacional per la Llengua" para proteger el catalán. También puso en marcha el "plan de choque" con 8,8 millones para ampliar los cursos para adultos.

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