La Audiencia Nacional pide a una docena de bancos información sobre la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras

Conforme le había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a una docena de entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, para poder determinar si ambos recibieron algún tipo de contraprestación por su participación en la presunta adjudicación irregular investigada en el caso Koldo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acuerda las diligencias solicitadas por la UCO, que había identificado cuatro cuentas vinculadas a Pardo de Vera y una treintena, entre abiertas y ya clausuradas, de Herrero, para que pueda analizar todos los movimientos registrados para poder “investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad”.

“No nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas” en la comisión de los delitos que se les imputan de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación, señala el juez en su auto.

"De la investigación realizada hasta el momento se infiere la existencia de indicios de criminalidad respecto a estos dos investigados, que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública" en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021, explica Moreno, que se remite a las resoluciones del juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.

El auto indica que la investigación desarrollada en el alto tribunal ha relevado que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García "habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad".

En línea con lo mantenido por la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener un provecho económico y, considerando que para ello pudo ser imprescindible la intervención de Pardo de Vera y de Herrero se hace precisa la obtención de la información solicitada por la UCO, a fin de determinar “si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere”, lo que serviría para concretar su responsabilidad en los hechos investigados.

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