Los Comuns reclaman al Govern de Illa que prohíba la compra "especulativa" de vivienda

Los socios de investidura de Salvador Illa están ultimando las propuestas de resolución con las que pretenden apretar las tuercas al Govern de Salvador Illa en el debate de política general que arranca este martes. ERC pretende hacerlo sudar con el hueso duro de la financiación singular para sentarse a negociar los presupuestos de 2026, mientras que los Comuns apremiarán a los socialistas a intervenir aún más el mercado de la vivienda, la principal preocupación que manifiesta tener la ciudadanía. El president de la Generalitat hace gala de estar impulsando la construcción de 50.000 pisos, el anuncio estrella del debate del año pasado, pero para el grupo de Jéssica Albiach no es suficiente y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, le reclamarán que prohíba por ley la compra de pisos que se haga con la intención de obtener un rédito económico.

En concreto, en el texto que llevarán a votación en el Parlament, emplazarán al Executiu a "implementar los cambios legales necesarios para prohibir las compras especulativas de vivienda" dentro del marco de competencias de las que disponga la Generalitat. Y es que, pese a los topes fijados por la ley de vivienda, señalan que es la adquisición de inmuebles para obtener beneficios y no para residir en ellos la que "incide de forma determinante en el crecimiento de los precios" y en las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda, sea de alquiler o de compra, a un precio asequible.

Las multas por los precios

Esta es la principal novedad por la que abogarán los Comuns en la que es la principal carpeta sobre la que cimientan su acción política en el Parlament, además de hurgar en que el Govern no ha impuesto todavía sanciones a las plataformas de anuncios y grandes tenedores que se saltan los precios de la ley de vivienda. Su diagnóstico es que "grandes inversores y especuladores incumplen de forma reiterada la ley de vivienda y la contención de rentas y, por lo tanto, cometen fraude de ley", por lo que piden a la Generalitat que sea "proactiva" y actúe "con urgencia" aplicando multas.

El grupo capitaneado por Albiach también exigirá plazos para el cumplimiento de otros pactos pendientes, como la regulación de los alquileres de temporada antes del mes de diciembre. Se trata de un calendario asumible, puesto que los trabajos parlamentarios con el PSC, ERC y la CUP están ya en la recta final. Otro acuerdo irresuelto es el de la creación de la oficina antidesahucios, que los Comuns reclaman que esté puesta en marcha en octubre y garantizar que antes de final de año cuenta con un mínimo de 50 trabajadores. Por ahora, la respuesta del Govern ha sido que en los próximos días harán una propuesta de recursos y fechas que los Comuns tendrán que valorar si se les satisface lo suficiente como para sentarse a hablar de presupuestos.

Acelerar la construcción y la rehabilitación

Aún hay tres peticiones más en materia de vivienda que pondrán encima de la mesa. Por un lado, "acelerar" la construcción de los 50.000 pisos prometidos por Illa hasta 2030, pero robusteciendo el Incasòl para que ejerza de motor de la promoción pública en Catalunya de la mano de entidades sin ánimo de lucro y cooperativas para limitar que sean las constructoras privadas las que más se beneficien de esa obra nueva. Por el otro, y al margen de la ley de barrios, instarán al Govern a liderar actuando "de oficio" la rehabilitación de 150.000 viviendas en siete años para sumarlos al parque de techo protegido. Se trata de uno de los pactos de investidura que están aún por desarrollar. Como también se ha quedado por ahora en el tintero el plan de choque para eliminar la lista de espera en las mesas de emergencia, donde continúan habiendo 2.500 familias esperando un piso.

El president Illa, que un año atrás era reacio tanto a mediar en los alquileres de temporada como a la vía sancionadora para hacer frente a los precios abusivos, lleva ahora meses defendiendo que hay que regular el mercado de la vivienda para "garantizar que sea un derecho y no un negocio". Precisamente, el mismo paraguas que da cobijo a las propuestas que presentan los Comuns y que el president deberá decidir si el PSC secunda en su totalidad o bien ha llegado ya al escalafón máximo que está dispuesto a asumir para resolver el gran nudo gordiano de la vivienda en Catalunya.

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