El Gobierno da tres meses a Madrid, Baleares, Asturias y Aragón para crear el registro de objetores al aborto

El Gobierno da un nuevo paso en su contraofensiva para garantizar el derecho al aborto. Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid han recibido un requerimiento formal por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el que se les da tres meses para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. Con este requerimiento, fuentes del Gobierno argumentan que se busca "garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad". 

En el Gobierno entienden que está viendo cercano este derecho por parte de algunas comunidades autónomas, al derivar a clínicas privadas a las mujeres que busquen abortar, habitualmente fuera de las comunidades autónomas donde residen. Si en el plazo de tres meses no se cumple con esta parte del mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el Ejecutivo podría acudir a los tribunales y se reserva activar "los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento".

La Ley Orgánica 2/2010 reformada en 2023 obliga a todas las comunidades a crear un Registro de Objetores. Para ello, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad. Según sostienen desde el Ejecutivo, la falta de este registro "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley". El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales, sostienen, "nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".

Desde el ministerio de Sanidad que dirige Mónica García se envió una misiva a las comunidades autónomas el pasado mes de julio en la misma línea para instarlas a garantizar el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, se las advertía sobre la posiblidad de iniciar acciones legales contra los gobiernos autonómicos que no cumpliesen con la ley. "Muchas mujeres siguen encontrando barreras -geográficas, administrativas u organizativas- que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud", se apuntaba en la misiva.

Tras la polémica en Madrid por el plan del Ayuntamiento para informar “de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el 'Síndrome Post Aborto' a través de las diferentes áreas implicadas”, el Ejecutivo ya reaccionó proponiendo una reforma constitucional que blinde este derecho. La intención del Ejecutivo pasa por impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación. De salir adelante la reforma, en Moncloa destacan que España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El Gobierno argumenta que se evitará así "cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres".

"Síndrome postaborto"

De forma más urgente, el Ejecutivo modificará el Real Decreto 825/2010 para impedir la difusión de "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo". La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). "Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones", apuntaban fuentes del Gobierno.

Se trata de supuesto trauma que relaciona el aborto con el alcoholismo o la anorexia y que el ministerio de Sanidad ha descalificado por no tener base científica, avanzando su intención de recurrirlo judicialmente. El PSOE madrileño ya anunció medidas legales contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid.

El Ejecutivo mantuvo durante la anterior legislatura un choque con el gobierno de Castilla y León por un protocolo para evitar abortos. El plan consistía en la derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además del ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.

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