Hacienda detecta fraude de ley en dos contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye en un informe remitido a la Fiscalía Europea que ya está en manos del juez Juan Carlos Peinado que contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez recomendó, incurrieron en fraude de ley. En relación con los contratos analizados, el informe hace referencia a "acuerdos con empresas e instituciones" y a "cartas de apoyo que se adjuntan en la oferta".

También en relación con estos dos expedientes concretos la esposa del presidente del Gobierno firmó cartas de apoyo como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

Sobre estos documentos, en los que se recomendaba al organismo público Red.es que adjudicara contratos a Barrabés, el informe señala expresamente que únicamente se concretaron, salvo en el caso de Microsoft, en "cartas de apoyo en las que figura una manifestación de intenciones que no obliga a nada y, por tanto, tenerlos en cuenta para puntuar las ofertas supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores, en particular a la UTE Innvova Next S.L.U. --empresa perteneciente a Barrabés-- y The Valley Digital Bussines Bussines School y ha perjudicado a otros".

Esta conclusión ha sido respondida este mismo lunes desde Red.es, cuyos responsables aseguran que "en la puntuación de las ofertas no influyeron las manifestaciones de apoyo que no procedían directamente de empresas del sector tecnológico, tal y como queda reflejado en los informes técnicos de valoración de Red.es."

Estas diligencias de investigación de la Fiscalía Europea han discurrido en paralelo a la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por la Cátedra de Transformación Social Corporativa que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y la contratación de una asesora de Moncloa para ayudarla con su agenda y la gestión de sus compromisos profesionales.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se elaboró en relación con varios expedientes que habrían sido sufragados con fondos europeos. Hacienda observa, en todo caso "una gran opacidad", señalando que "el proceso de contratación no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública".

En una de sus conclusiones, la Intervención destaca que en estos expedientes se han atribuido a la Mesa de Contratación la valoración de las ofertas "mediante fórmula que no responde a la realidad" y que fue tenida en cuenta por la mesa de contratación de Red.es (organismo dependiente del Ministerio de Transformación digital) que no era competente para efectuar la valoración. Ello "podría constituir un fraude de Ley, mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos".

Así, los pliegos señalaban que en estas adjudicaciones los criterios dependientes de un juicio de valor tendrían un peso del 40 % en la valoración de la oferta y los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas tendrán un peso del 60%, sin embargo, la Intervención ha constatado que "no responde a la realidad del peso de la distribución de ambos tipos de criterios en la distribución de la puntuación".  De hecho, en estas adjudicaciones el peso real de partida de los criterios evaluables y no evaluables" era del 42,86% y del 57,14%, respectivamente.

Parte investigada en Europa

En junio de 2024, el juez Peinado cedió a la Fiscalía Europea la parte de la causa relativa a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. En su resolución, fechada el 7 de junio del año pasado, el letrado de la Administración de Justicia adscrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordaba aceptar la petición realizada por la Fiscalía Europea y se inhibía "exclusivamente respecto de los hechos y delitos [...] relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU", del Grupo Barrabés, y "Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos", especificaba el documento.

Más de 8 millones

En concreto, el informe alude a dos expedientes, uno relativo a la formación empleo juvenil para la economía digital y el segundo sobre un servicio de formación para personas desempleadas. Según los datos obrantes en el informe, los distintos contratos habrían sido adjudicados por un total de 8,45 millones de euros. Las ayudas europeas concedidas al primero de los proyectos ascendió a algo más de 4,3 millones, mientras que el segundo fue financiado con 472.000 euros.

Igualmente, critica la fórmula utilizada por Red.es, para calcular la puntuación económica de las licitaciones, "que no ha sido diseñada específicamente para los procedimientos de contratación correspondientes a dichas licitaciones, sino que es la fórmula que se utilizaba por la entidad, amortigua de manera muy importante las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias en los precios ofertados, beneficiando a las ofertas más caras". A su juicio, esto "no contribuye a conseguir que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas".

Por otro lado, el informe resalta que el "elevado número de ofertas no tomadas en consideración" porque "no tenían la calidad suficiente" habrían requerido que "la mesa de contratación y el consejo de administración de Red.es solicitaran explicaciones al director proponente de los contratos y técnico firmante de los informes de valoración sobre los motivos de la baja calidad de tantas ofertas". Igualmente, se apuntan medidas insuficientes para evitar conflictos de interés.

Borrado de Metadatos

Finalmente, la IGAE advierte también que en algunos encabezamientos de los documentos previos figura el nombre del técnico que aparentemente los elaboró. "Dichos documentos previos carecen de firma y sus metadatos han sido borrados por lo que no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas".

En cuanto a estas modificaciones, se agrega que "los metadatos parecen haber modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a la reunión de la mesa de contratación en las que se efectuó la valoración de las ofertas". En uno de ellos, además, figura una anotación "de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo". A este respecto, desde Red.es se ha puntualizado que el borrado de metadatos se aplica de manera automatizada a todos los documentos producidos en Red.es desde agosto de 2023, sin que ello afecte a sus contenidos.

Valoración de Red.es

Por parte de Red.es también se ha señalado, mediante un comunicado, que las normas de contratación hoy son exactamente las mismas que las que viene aplicando Red.es desde el 23 de marzo de 2011. No son unas normas específicas para los expedientes valorados y se han aplicado a 1.610 expedientes.

Agrega que los modelos de pliegos de contratos y las fórmulas de valoración aplicadas por Red.es en los dos expedientes examinados en esta ocasión cuentan con el informe favorable de la Abogacía del Estado y que, como el propio informe reconoce, “la Ley de Contratos del Sector Público no establece el carácter obligatorio de ninguna fórmula concreta para valorar las ofertas económicas".

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