38 menores migrantes asilados cumplen los 18 sin haber sido trasladados a la Península

A cuentagotas. El traslado a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo avanza con una "lentitud" que el Gobierno de Canarias critica y que el Estado reconoce pero achaca a la "complejidad" del proceso. Entretanto, el tiempo no se detiene para los niños y adolescentes que demandan protección internacional: 38 jóvenes alcanzaron la mayoría de edad mientras permanecían en recursos del Gobierno de Canarias a la espera de ser derivados al territorio peninsular. De ellos, 22 aún se encuentran a la espera de ser atendidos en la red de protección para adultos. Una plaza a la que serán derivados sin haber recibido la atención estatal requerida cuando eran menores de edad.

En medio de los imprevistos continúan los viajes. El primer grupo de niñas menores solicitantes de asilo puso rumbo a la Península este jueves para ser reubicadas en recursos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las chicas - una de Guinea, dos de Senegal, dos de Gambia, una de Costa de Marfil y tres de Mali - salieron del Archipiélago a las 8.00 horas. Con la derivación - la primera de esta semana - ya son tres las realizadas hasta el momento. Según lo previsto, un grupo compuesto por siete chicos - todos de Mali - viajará el domingo, por lo que al final de la semana 16 menores habrían salido de las Islas, que sumados a los 15 derivados la semana anterior harían un total de 31.

Pero las discrepancias entre ambos Gobiernos persisten. "La Administración abandonó a los chicos cuando eran menores con protección internacional. Dejó pasar el tiempo y no asumió sus responsabilidades", denunció la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, al término de una de las reuniones semanales celebradas con el Ministerio para abordar los viajes al territorio peninsular de los menores. Rodríguez confirmó además que, a día de hoy, los adolescentes continúan a la espera de una plaza en la red de acogida para adultos sin que el Estado les haya dado una solución efectiva.

En Tenerife son siete los jóvenes de 18 años que se encuentran a la espera de su plaza para ser trasladados. En Gran Canaria, en torno a 15. El ritmo del proceso no deja indiferente al Ejecutivo autonómico que en numerosas ocasiones ha pedido celeridad en los viajes. Por su parte, el Estado mantiene que el tempo de los traslados lo marca la "dificultad" que supone el proceso: "Todo va lento, pero porque es muy complejo y hay que dar unas garantías a los niños y niñas para poder cumplir con todos sus derechos", defienden desde la Administración central y aseguran que el compromiso y la voluntad de cumplir con Canarias y con el auto que dictó el Tribunal Supremo hace cerca de cinco meses "está".

Así, una vez cumplidos los 18 años, es el Ejecutivo autonómico quien gestiona la solicitud de las plazas en la red nacional de protección internacional para adultos. Después, tras pasar por la revisión Gobierno central, desde el Estado asumen los próximos pasos.

Una solución para "acabar con el hacinamiento"

En medio del embrollo, el Ejecutivo regional mantiene que la única solución para "acabar con el hacinamiento" de los centros de menores en el Archipiélago es el traslado de los niños asilados al territorio peninsular, pues la situación de los recursos dista de ser alentadora. La Fiscalía no ha supervisado los centros canarios - que se encuentran a un 750% de su capacidad - con la frecuencia que, según sus propios protocolos, debería. Según datos que adelantó el periódico El País, en el año 2024 la Fiscalía de Las Palmas realizó 56 inspecciones y la de Tenerife, 40, lo que suma un total de 96 visitas. Sin embargo, los recursos deberían supervisarse trimestralmente, por tanto se deberían haber llevado a cabo más de 340 revisiones. En lo que va de 2025, se han ejecutado un total de 55 visitas.

Asimismo, se espera que la presión migratoria sobre las Islas -y en consecuencia sobre los centros- aumente ante un incremento en las llegadas de pateras y cayucos durante los meses de septiembre y octubre, que viene motivado por la mejora en las condiciones de navegación. A ello se suma el deterioro político y de seguridad en la región del Sahel - situada a unos 1.200 kilómetros de las Islas Canarias - la crisis humanitaria que azota a la región, la influencia rusa y el uso instrumental de la migración, así como los recortes en la ayuda humanitaria, que se convierten en factores que refuerzan la idea de un posible repunte en las llegadas a las costas canarias.

En este contexto, el presidente canario, Fernando Clavijo, insiste en que Canarias tiene detectadas ONG en la Península para poder asumir cientos de menores por lo que las salidas podrían acelerarse: "Hablamos con todas las asociaciones. Si el Gobierno de Canarias es capaz de hacerlo y las tiene ubicadas, el Ministerio y el Gobierno de España imagino que podrán hacerlo con mucha más capacidad que nosotros", aseguró.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que "al final de mes" tendrá lugar una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En el encuentro, indicó que espera, aunque "sin mucha esperanza", que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular asistan y "expongan su punto de vista". "No como hicieron en la última ocasión, que ni siquiera fueron para ver si así no había quórum, y así no se aprobaban las medidas", afirmó.

El Gobierno central prevé comenzar los traslados de niños - no asilados - el próximo 28 de agosto, tras aprobar un nuevo decreto que definirá las cifras de reubicación por región y la financiación que corresponde a cada autonomía.

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