El Parlament promete blindar por ley el catalán en la escuela si el Constitucional avala el 25% de castellano

A las puertas de conocerse la resolución pendiente del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en las escuelas catalanas -que podría suponer una imposición para aceptar las cuotas en las aulas-, el Parlament ha aprobado este jueves una moción en la que se compromete a "explorar nuevas iniciativas legislativas" para blindar el uso del catalán como lengua vehicular en la escuela frente a las sentencias que obligan a fijar porcentajes. La propuesta ha recibido los votos favorables de Junts, ERC, Comuns y CUP, la abstención del PSC y el 'no' de PP y Vox.

En palabras de la diputada cupera Laia Estrada -del grupo impulsor de la iniciativa-, el compromiso pasa por redactar una ley que "proteja de forma inmediata" el catalán en las escuelas frente a lo que pueda deliberar el Tribunal Constitucional. "Queremos blindar que el TC no pueda coger una ley aprobada en este Parlament para reinterpretarla y colarnos la vehicularidad del castellano", ha espetado la anticapitalista, y ha pedido a la Cámara empezar a trabajar ya para "frenar" lo que considera "injerencias de los tribunales" contra el catalán.

Durante el debate, la mayoría parlamentaria ha presionado al Govern para que no espere a una nueva sacudida judicial y empiece ya a preparar una respuesta legislativa y política que garantice el futuro del catalán en las aulas. Por eso, los grupos que han apoyado el texto han reclamado al Executiu más ambición y liderazgo político para defender el modelo lingüístico y han exigido al president Salvador Illa que aclare qué hará cuando se conozca la sentencia del Constitucional: si desobedecer el tribunal para "defender el catalán" -en palabras de los partidos- o acatar la resolución.

"¿Qué respuesta dará [el Executiu] para anticiparse y garantizar que la lengua propia de Catalunya siga siendo vehicular en las aulas?", ha preguntado la diputada de ERC, Irene Aragonès. La misma pregunta que ha formulado desde Junts, Anna Feliu: "¿Qué piensa hacer el Govern para defender la escuela de las imposiciones judiciales?". Una pregunta que ha lazado al aire ante la ausencia de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que Feliu ha querido señalar en su intervención.

Los socialistas, al margen

La incógnita sobre la actuación del Executiu persiste, pese a que no es la primera vez que se les ha emplazado a posicionarse. En esta línea, la socialista Gisela Navarro, en su intervención, ha esquivado esta cuestión y se ha limitado a decir que su partido no quiere contribuir en una "judicialización de la lengua". La diputada no se ha salido ni una línea de lo que ya ha ido diciendo el Govern en los últimos meses: que se trabajará con "consenso" para garantizar que el modelo que se defiende en Catalunya es el que pone el catalán "en el centro".

Su grupo parlamentario se ha abstenido, sin embargo, a la hora de abrirse a blindar por ley el uso vehicular del catalán en los centros educativos, así como en otro punto de la moción que constataba que las sentencias de los "tribunales españoles" para el uso mínimo del 25% del castellano "atentan contra los derechos lingüísticos y educativos" de los alumnos y "no se fundamentan en ningún criterio pedagógicos".

¿Qué es el Pacte Nacional per la Llengua y por qué Junts y CUP no lo firman?

"Existe un consenso real para apoyar la lengua catalana, pese a que cada uno tiene su punto de vista", ha deslizado Navarro. Una afirmación que han negado la mayoría de fuerzas del Parlament que no creen que esta entente exista. Lo han criticado especialmente CUP y Junts, las dos formaciones que rechazaron adherirse al Pacte Nacional per la Llengua, impulsado por el Executiu, precisamente por la falta de acuerdo claro sobre qué estrategia se seguiría al conocerse la sentencia del Constitucional. Y en este punto, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha lanzado un dardo a estos partidos: "Nosotros sí que estamos dispuestos a encontrar un consenso que vaya desde la CUP a Junts, pasando por ERC y PSC", ha dicho.

Un primer paso

Durante el debate, Estrada ha emplazado a los partidos a que la propuesta no quede sobre papel. De hecho, su formación ya ha registrado una proposición de ley para garantizar el catalán en las aulas que busca ser la casilla de salida del compromiso adquirido este jueves en el Parlament. La misma diputada ha hecho un ejercicio de autocrítica y ha reconocido que, aunque no compartían completamente la ley aprobada en la pasada legislatura para frenar una aplicación generalizada del 25%, esta sí que ha servido en parte para evitarlo. Ahora, sin embargo, cree necesario dar un paso más: "O ahora o nunca. Es nuestra responsabilidad", ha sentenciado.

Por el contrario, PP y Vox han arremetido contra lo que consideran una "imposición del catalán" y han negado que el castellano esté garantizado. "La lengua que está minorizada en Catalunya es el castellano", ha dicho Manuel Jesús Acosta, de Vox, en una intervención cargada de críticas al modelo de inmersión y al Govern. Por su lado, la popular Lorena Roldán ha centrado sus ataques contra la CUP: "Ustedes son nocivos para la educación de Catalunya y para bastantes cosas más", ha declarado.

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Un modelo en revisión

La moción se ha votado pocas semanas después de que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, admitiese la necesidad de "actualizar" el modelo de inmersión lingüística para adaptarlo a los cambios metodológicos y demográficos. Pero durante sus intervenciones, tanto ERC como Junts han defendido el modelo actual y han asegurado que el problema no es el sistema, sino lo que se quiere "imponer" por la vía judicial, frente a lo aprobado en sede parlamentaria.

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