ERC ve la amnistía como el fin de la "represión", pero reclama un referéndum para resolver el "conflicto político"

"La amnistía viene para resolver una injusticia y para poner el contador a cero, para resolver la represión política, pero no el conflicto político". ERC ha salido este jueves a defender el aval del Tribunal Constitucional a la medida de gracia, pero ha sido contundente a la hora de constatar que no es, ni mucho menos, el final de lo que consideran un "conflicto político" entre Catalunya y España. Lo mismo que ha alegado Junts y lo contrario a la posición que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo considera el cierre de la "crisis política" por el 'procés'.

El diputado republicano, Joan Ignasi Elena, ha sido el encargado de poner sobre la mesa esta posición y ha reivindicado que nada se resolverá hasta que los catalanes puedan celebrar un referéndum de autodeterminación: "No resuelve el problema originario, que es la voluntad mayoritaria de Catalunya de decidir su futuro en las urnas, en un referéndum", ha espetado en una rueda de prensa en el Parlament, tras dejar claro que no es ninguna "renuncia" al objetivo de la independencia. Y ha rematado: "Nunca renunciaremos a ello, la lucha continua".

De hecho, esta norma, ha añadido, es un "éxito del independentismo", que, en palabras de Elena, no habría sido posible sin ERC. "No hace tanto tiempo éramos muy pocos los que defendíamos la ley de amnistía, muchos decían que era imposible o inmoral", ha declarado. La amnistía acabó aprobándose en el Congreso hace un año, después de que Junts arrancara este compromiso en el acuerdo de investidura de Sánchez en 2023, pero los republicanos, desde 2019, habían defendido públicamente la necesidad de la norma.

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Pendientes de la malversación

Aun así, ERC cree que todavía queda camino para dar por zanjada también la represión, pues el pronunciamiento de este jueves del Constitucional, si bien es una "buena noticia", no implica cambios en el 'status' de algunos de los dirigentes del 'procés', como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado, o el expresident Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención vigente. A ninguno de ellos se les aplicó la amnistía porque el Tribunal Supremo entendió que el delito de malversación por el que fueron condenados o fueron procesados en rebeldía entra dentro de las excepciones que la propia ley de amnistía incluye.

"Toca cumplir y corresponde aplicar a todos la ley de amnistía, que acabe este calvario entre juzgados y tribunales de tantos activistas y líderes políticos y sociales que no deberían haber sufrido", ha declarado Elena, que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que haya personas que no puedan ejercer cargos públicos o presentarse a unas elecciones por la negativa del Supremo de aplicar la amnistía. Es el caso de Junqueras, que poco después ha salido a celebrar la decisión del TC, pero ha lamentado que no tenga implicaciones inmediatas para él: "En el caso de mis compañeros y en el mío, no comportará ningún cambio, ya que el Supremo ha dejado clara su voluntad de impedirlo", ha escrito en X. Esquerra estudiará si envía algún escrito al Supremo para pedir que ejecute la ley, después del aval de hoy por parte del TC.

El mismo president de la Generalitat, Salvador Illa, también ha puesto el foco en la petición directa al Supremo para que aplique con "diligencia" la medida de gracia y ha asegurado que como jefe del Govern le "duele" que haya personas que todavía no se hayan podido "beneficiar" de ella. Si bien también el president ha celebrado este aval como un paso "adelante", otros partidos en Catalunya han sido críticos, ya sea porque creen que no es una decisión imparcial, como el PP, o porque ven la amnistía como una forma de retroceder en el objetivo de la independencia, como la CUP.

"Tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas", ha escrito el líder popular catalán, Alejandro Fernández, en X. Por su lado, la diputada de la CUP, Laia Estrada, ha declarado que esta ley solo interesa "al régimen del 78", y que el PSOE y el TC lo avala para beneficiar el Estado.

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