Junts reclama a Illa que retire y modifique el decreto que declara las renovables como prioritarias

El decreto del Govern que declara las renovables y las baterías para almacenar su energía como "interés público superior" no tiene los apoyos garantizados en el Parlament. Junts ha reclamado al Govern que retire el texto y apruebe otro con varias modificaciones, mientras que ERC y los Comuns están en negociaciones con el Executiu para introducir cambios. Una posibilidad sería validar el decreto, pero forzar a que sea tramitado cómo proyecto de ley para enmendarlo, y otra reclamar un texto nuevo.

De momento, el Executiu descarta echarse atrás, pero está dispuesto a escuchar "propuestas de mejora" de los grupos. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que es un "buen decreto", que es "muy importante" para asegurar la resiliencia del sistema y que los sectores económicos y sociales lo ven "muy necesario".

Junts exige la retirada

El primer grupo en pronunciarse ha sido Junts, a través de una carta dirigida directamente al president Salvador Illa y firmada por el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y su portavoz, Mònica Sales. Los posconvergentes reclaman una nueva versión del texto que cuente con la opinión de todos los actores implicados, también de las asociaciones municipalistas -ACM, FMC o la Associació de Micropobles-, y que "aclare y revise los puntos que generan inseguridad jurídica".

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El partido liderado por Carles Puigdemont cree que la iniciativa pone en riesgo la autonomía municipal y acusa al Govern de haber actuado con "poco consenso" y sin negociación previa con los sectores "clave de Catalunya, como son el municipalismo y el sector primario". En este sentido, advierten que debe dar más "garantías" ante "procesos de expropiación" y apunta que "la soberanía alimentaria" es igual de "necesaria" que la energética. Además, también reprocha al Executiu no haber ofrecido a su grupo parlamentario, como principal partido de la oposición, hacer aportaciones a la iniciativa.

Sin embargo, los posconvergentes señalan que el decreto contiene aspectos positivos por lo que se abren a dar apoyo al Govern si se retira el texto actual y se aprueba otro con los cambios señalados por su partido. En este sentido, piden "trabajar durante una semana con los sectores implicados para disponer de una nueva versión que aclare y revise los puntos que generan incertidumbre o inseguridad jurídica" y, posteriormente, "presentar dentro de la primera semana de julio una nueva redacción del decreto ley para iniciar la tramitación y validación en sede parlamentaria".

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Negociaciones con ERC y Comuns

Los Comuns, por su parte, reconocen estar ya negociando con el Govern para introducir cambios. "El decreto tiene aspectos positivos, pero también aspectos a mejorar", ha declarado oel portavoz del grupo, David Cid, en declaraciones en el Parlament.

En cambio, ERC no se ha pronunciado públicamente, pero fuentes republicanas aseguran estar analizando el "impacto y las implicaciones" del texto normativo, ya que creen que tiene "carencias" y que puede provocar "agravios" a algunos sectores. Las mismas fuentes aseguran que están "valorando" si es posible introducir cambios al texto "a través de su tramitación como proyecto de ley". Esta vía permite introducir enmiendas pero, durante la tramitación de la ley en el Parlament, el decreto sigue en vigor.

Oposición de ecologistas y agricultores

Los que ya han puesto el grito en el cielo son agricultores y entidades ambientales. Tanto la Xarxa per una Transició Energètica Justa como el Gremi de la Pagesia Catalana acusan al Govern de ceder ante los intereses de las grandes energéticas y advierten sobre los impactos ambientales, sociales y económicos que, según su punto de vista, pueden provocar este cambio normativo. La nueva norma califica los parques fotovoltaicos y eólicos, además de los campos de baterías como instalaciones de "interés público superior", por lo que creen que abre la puerta a "expropiaciones".

Si este decreto no supera el trámite parlamentario, será el tercer revés parlamentario del president Illa en su primer año al frente de la Generalitat. Ya tuvo que retirar una sobre cámpings en zonas inundables por falta de apoyos, y hace poco más de un mes vio como la Cámara rechazaba por sorpresa el aplazamiento de la entrada en vigor de la tasa turística.

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