Los registros en casa de Ábalos y algunas empresas elevan a casi una treintena las adjudicaciones bajo sospecha de la trama Cerdán-Koldo

El resultado de la investigación y registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el entramado Cerdán-Ábalos-Koldo permite elevar hasta casi la treintena el número de adjudicaciones de obra pública supuestamente amañadas desde 2014. A las 18 obras señaladas inicialmente por los investigadores en el informe que presentaron el pasado 5 de junio en el Tribunal Supremo se sumará el resultado del análisis de los diferentes dispositivos electrónicos que fueron incautados durante los registros, que han sido realizados tanto en empresas y viviendas de empresarios implicados desde el arranque de la organización delictiva en Navarra como en el domicilio del propio exministro de Transportes y Movilidad Sostenible --antiguo ministerio de Fomento-- José Luis Ábalos.

Según los cálculos realizados por EL PERIÓDICO tras el análisis de las actas de los registros, a las que habrá que añadir el resultado de las diligencias ordenadas el pasado viernes por el magistrado Leopoldo Puente en Adif, la dirección General de Carreteras y la propia sede del PSOE -donde se han clonado los correos de la cuenta corporativa del exsecretario de Organización del partido-- el listado inicial de obras sospechosas se queda corto.

El último auto de Puente centra sus pesquisas en once obras concretas de Adif y Carreteras, pero el informe de la UCO aludía a siete más y a ello podría sumarse casi otra decena a tenor de lo consignado en los documentos resultantes de sus registros del pasado día 10. Entre ellos el realizado en la casa del propio Ábalos en Valencia, cuando los agentes se vieron obligados a consignar el intento de una mujer que acompañaba entonces al exmandatario de sacar de la vivienda uno de los pendrives.

Adjudicaciones sospechosas

El instructor ha dado a ADIF y Carreteras un plazo de 15 días para entregar información once obras concretas y requiere que se incluyan en el "la totalidad de los informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción", identificación de los funcionarios que intervinieron y todas las comunicaciones que tuvieron lugar entre las personas encargadas de adjudicar los trabajos.

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La cinco obras de Adif afectadas por estas órdenes del juez son la del ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) -que se licitó por un importe inicial de 51.7 millones de euros, ampliándose hasta los 62.026 millones; el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia (158,8 millones); la construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería (tramo: Pulpí-Vera, por 121.1millones); obras en puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo y obras de emergencia en los taludes de la línea entre la estación de Gijón y Pravia, en Asturias, por 592 millones de euros.

El mismo requerimiento, y con los mismos plazos, se realiza a la dirección General de Carreteras con respecto a seis obras: Tramo Arrúbal-Navarrete en La Rioja (92,4 millones de euros); tirantes del Puente del Centenario en Sevilla (102,8 millones de euros); segunda calzada de la Autovía A-63 Salas-La Espina, en Asturias (7,3 millones de euros), tramo Úbeda-Torreperogil en la carretera de Córdoba a Valencia; conservación de carreteras en Teruel (5,7 millones) y el tramo de la A-12 Camino de Santiago, entre Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río (en La Rioja por 72.4 millones de euros).

De lo que hablaban Koldo y Ábalos

Pero además de estas once obras concretas, el informe de la UCO apuntaba a siete adjudicaciones más de las que el Supremo no pide de momento diligencias, pero a las que aluden Koldo o Ábalos en sus conversaciones. 

Una de ellas sería explotación de la Mina Muga de Sangüesa, en Navarra, uno de los primeros proyectos con los que se inició la trama en agosto de 2015, con el acuerdo entre Geocali y Acciona. También se encuentra en este grupo de sospechosas la construcción del Pabellón Navarra Arena, en Pamplona (la UTE entre Acciona y Servinabar resultó adjudicataria por 3.7 millones); las obras del tramo de la N-IV entre Dos Hermanas-Los Palacios (en Sevilla, por 43,6 millones de euros), el Puerto de Valencia (contrato de placas solares por 20 millones, o la estación del tren en Elche (Alicante).

Completan esta lista de sospechosas el acceso del AVE a Mérida (en Badajoz, por 34,7 millones) con un contrato en beneficio de Acciona y OPR y las obras de la plataforma Toril-Río Tiétar dentro de la línea Plasencia-Tayatuela, un 'chanchullo' en principio fallido porque finalmente adjudicada a una UTE ajena a Koldo y Ábalos por 35,4 millones de euros.

Obras por investigar

Con todos estos apuntes las obras inicialmente sospechosas de haber sido tocadas por la trama corrupta ascenderían a 18, pero las posibilidades de encontrar más adjudicaciones afectadas se eleva en casi una decena tras los registros del pasado día 10. Así, las actas recogen el hallazgo en la empresa valenciana Levantina Ingeniería y Construcción S.L., evidencias sobre varias de las obras anteriores pero también relativas el Puerto de Melilla, y otras bajo la denominación de Ventrucelli Motril, Edificio Royal y Limpieza Emfesa.

En los registros realizados en Granada, concretamente en los domicilios de Agustín Merino Vera, el director del departamento de Acciona en Navarra que fue despedido en abril de 2021 y de Antonio 'Toño' Fernández Menéndez, que fue asesor de la Delegación Gobierno en Andalucía y apoderado de Obras Públicas y Regadíos S.A., los agentes encontraron dispositivos que contenían el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructuras, además de un texto manuscrito sobre obras en la provincia de Granada y diferentes adjudicaciones ya antiguas del Ministerio de Fomento.

Otro de los registros, en el domicilio del hermano de Daniel, hermano de 'Toño' Fernández Menéndez --administrador igualmente de Obras Públicas-- permitió a los agentes acceder a archivos en papel sobre licitaciones, adquisiciones y facturación del periodo comprendido entre 2018 y 2024. 

También se pidió información a Acciona --en este caso fue un requerimiento de documentos, no un registro-- También entraron en Acciona, donde les fue aportado, en formato digital, documentación referida a los cinco expedientes de adjudicación que esta compañía logró concurriendo en UTE con Aquaterra, Servicios Infraestructuras S.L., Tecade S.A., Freissinet SAU o Ferrovial Agroman S.A.

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