Decisión clave
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Tribunal Constitucional. / EFE


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La ley de amnistía irrumpe esta semana en el Tribunal Constitucional, que encara un súper pleno histórico de cinco días consagrado solo al debate del recurso del PP contra la norma, con la intención de votar la ponencia a finales de semana y que avala, en líneas generales, la constitucionalidad de la ley.
Será un pleno monográfico para el que se ha habilitado toda la semana, de lunes a viernes, con el fin de favorecer el debate de uno de los asuntos más trascendentales que afronta la corte de garantías en sus 44 años de historia y que mantiene enfrentados a progresistas y conservadores, prácticamente sin posibilidad real de consenso.
Según informan fuentes jurídicas a EFE, la intención a priori es votar el jueves, si no hay imprevistos o dilaciones, si bien hay que esperar al transcurso del pleno, para el que está habilitado el viernes.
Los magistrados abordarán el recurso del PP contra la ley de amnistía, que marcará la línea a seguir al resto de los treinta que se están tramitando simultáneamente en el tribunal y que no se verán hasta después del verano. Se trata del denominado "recurso de cabecera" por ser el que plantea más objeciones a la ley, pese a que fue posterior a otros, por ejemplo a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.
Sobre la mesa, el borrador de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que, entre otras cosas, defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es "jurídicamente indiferente". Considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón y coherente con una política tendente a paliar los efectos del "procés" y "a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones" impuestas, que favorezca una "mejora de la convivencia y de la cohesión social" en Catalunya.
Tan solo tres cuestiones menores. En concreto, aboga por acotar más la aplicación de la ley al decretar que no son amnistiables los hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023. Establece, además, que el perdón debe abarcar también a las protestas en contra del "procés" y no solo a las actuaciones en favor de la independencia.
Y, por último, para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable en el "procés", la ponencia obliga a recabar el informe de todas las partes, incluidas las acusaciones populares.
Diez magistrados. Seis de ellos progresistas (Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Segoviano, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Laura Díez) y cuatro conservadores (Concepción Espejel, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa).
No estarán, en cambio, el progresista Juan Carlos Campo, que se abstuvo de participar en el debate porque, cuando fue ministro de Justicia, firmó los indultos en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional; ni el conservador José María Macías, que fue apartado por el pleno por su participación en la elaboración y aprobación de un informe del CGPJ sobre la amnistía.
La deliberación se dividirá en cuatro fases. La primera de ellas sobre las propuestas de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han realizado tres magistrados del pleno, además del PP y del Senado.
La segunda fase será sobre los motivos del recurso que plantean que la aprobación de una amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución. La tercera sobre los motivos del recurso que exponen la inconstitucionalidad integral de esta amnistía en concreto y la cuarta sobre los motivos que plantean la inconstitucionalidad parcial, impugnando artículos concretos de la ley.
A priori, todo apunta a que la mayoría progresista respaldará el borrador que avala la amnistía frente al rechazo de la minoría conservadora, partidaria de tener más tiempo para el debate y de esperar a que la justicia europea se pronuncie sobre las cuestiones planteadas por los tribunales españoles. De hecho, los conservadores recuerdan que el 15 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará la vista sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas.
En principio, no. El TC resolverá únicamente si la norma es o no constitucional, pero no entrará en el ámbito de su aplicación, es decir, no abordará los casos concretos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación. Por tanto, el Supremo, a priori, nada tiene que hacer una vez falle la corte de garantías, porque estos casos no están afectados por la constitucionalidad de la norma, sino por su aplicabilidad al caso en concreto. Dicho de otro modo, hay que esperar a los recursos de amparo ante el TC, que el expresident catalán aún no ha presentado a la espera de un último trámite en el alto tribunal.
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