En el Parlament

Una corriente de Junts firma el pacto para blindar el padrón a los vulnerables que rechaza la dirección

Junts integra Moviment d'Esquerres en su ejecutiva y permite la doble militancia

Reunión entre la cúpula de Junts y MES en Waterloo

Reunión entre la cúpula de Junts y MES en Waterloo

Carlota Camps

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Barcelona
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Junts ha rechazado suscribir el pacto por el padrón impulsado por la Xarxa d'Entitats pel Padró, que agrupa unas ochenta organizaciones vinculadas al tercer sector, pero una corriente interna sí lo ha hecho. Se trata de Moviment d'Esquerres de Catalunya (MEScat), una formación nacida tras escindirse del PSC con el inicio del proceso independentista, que se presentó a las elecciones de la mano de los posconvergentes y que hace unas semanas decidió integrarse en la ejecutiva del partido.

MEScat cuenta con dos dirigentes de alto peso en el partido posconvergente, como el diputado Agustí Colomines y el exconseller y eurodiputado electo Toni Comín, quien sí tiene doble militancia.

El partido liderado por Carles Puigdemont considera que el manifiesto impulsado por las entidades, que busca blindar el empadronamiento de los migrantes y colectivos vulnerables, independientemente de su situación administrativa, no aborda "con profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos".

MEScat, en cambio, sí ha querido adherirse al texto al considerar que es una "reivindicación de los Derechos Humanos básicos", aunque también reconoce el "reto" que afrontan algunos municipios al encarar esta cuestión y pide "redimensionar los servicios públicos municipales para que puedan dar respuesta al crecimiento poblacional, en un contexto de crisis habitacional y desigualdad social grave".

Los posconvergentes apuestan desde hace un tiempo por poner condiciones más restrictivas al padrón. De hecho, durante la convención municipalista del mes pasado, tal y como explicó EL PERIÓDICO, apostaron por impulsar modificaciones legales para vetar la inscripción en inmuebles okupados -algo que ya hacen algunos de los municipios que dirigen- y acabar con la posibilidad de empadronarse en equipamientos municipales o en el espacio público. 

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