AL TRIBUNAL SUPREMO
Manos Limpias pide cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado
En su escrito, además de la pena de prisión para García Ortiz, solicita la suspensión de cargo público durante tres años y una multa de 216.000 euros
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Por qué confiar en El Periódico El autodenominado sindicato Manos Limpias ha pedido al Tribunal Supremo una condena de cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de violación de secretos en relación a la supuesta filtración sobre la causa por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Manos Limpias, una de las acusaciones en este procedimiento, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el alto tribunal, en el que reclama que, si el caso llega definitivamente a juicio, testifique el actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, además de la pena de prisión para García Ortiz, solicita la suspensión de cargo público durante tres años y una multa de 216.000 euros.
Subsidiariamente reclama tres años de prisión, cinco de inhabilitación o, por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, 144.000 euros de multa e inhabilitación durante tres años.
Manos Limpias reproduce a lo largo de su escrito el auto en el que el juez Ángel Hurtado procesó al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, -contra quien no se dirige este autodenominado sindicato- por revelación de secretos. Una resolución que está recurrida ante la Sala de Apelación.
El magistrado propuso juzgar a ambos por la presunta filtración de un correo del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, "de común acuerdo", admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre.
Manos Limpias dirige su acusación principal por un delito de violación de secretos, si bien de forma subsidiaria plantea el de infidelidad en la custodia de documentos y dice que "no hay duda" de que el fiscal general "estaba legitimado para acceder al documento".
Señala así que, "nos hallamos ante un supuesto de exhibición o entrega del documento secreto a un tercero no autorizado: su remisión, tanto de forma directa como a través de la Presidencia del Gobierno, a los medios de comunicación social, para su difusión pública".
Además de a Óscar López, en el momento de los hechos jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Manos Limpias también pide que en el caso de que haya juicio se cite como testigos a su entonces asesora Pilar Sánchez Acera y al exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato.
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