El Govern dispara la aprobación de decretos mientras cae en picado la elaboración de leyes en el Parlament

La cultura de la inmediatez ya no es un fenómeno que solo podamos atribuir a la tecnología, a la conectividad digital o a la vida de muchas personas. Ahora esta cultura, en la que priman las respuestas y los resultados rápidos, también se ha instalado a la hora de legislar en Catalunya. Desde hace años ha arraigado en el Parlament una tendencia por la cual se aprueban más decretos ley que no leyes. Esto significa que se legisla más veces por el procedimiento de máxima urgencia donde el Govern tiene un papel preponderante y donde el Parlament, que es quien realmente debería hacer las normas de forma reposada, se queda con un papel residual.

Desde que el último Estatut de 2006 habilitó al Govern la posibilidad de hacer decretos ley -hasta entonces no podía- su uso ha ido aumentando con el transcurso de los años hasta el punto de que ya hay varias voces que denuncian que se está haciendo un abuso. Para entender el fenómeno actual hay que viajar hasta la pandemia del coronavirus, en 2020. Entonces, muchos gobiernos, como el catalán, se lanzaron a elaborar este tipo de normas para dar respuestas inmediatas a todas las necesidades sanitarias, económicas y sociales que requería la respuesta al covid. El problema es que la pandemia remitió, pero el fenómeno de los decretos no solo no desapareció, sino que siguió al alza.

Yendo a los datos se ve más claro. Durante el segundo tripartito (2006-2010), el Govern José Montilla aprobó en el Parlament una media de dos decretos al año, mientras que la misma Cámara aprobaba una media de 39 leyes por curso. En los dos gobiernos posteriores, los de Artur Mas y Carles Puigdemont, aún se aprobaron más leyes que decretos. El cambio llegó con el president Quim Torra bajo el mandato del cual -en el que estalló la pandemia- se aprobaron 89 decretos (casi 30 al año) por solo 32 leyes (10,6 por curso). La tendencia siguió con el ejecutivo de Pere Aragonès, donde de nuevo se aprobaron más normas elaboradas por el Govern que por el Parlament. Con Salvador Illa todo sigue igual: 14 decretos por 6 leyes cuando aún no se ha completado ni un año desde su llegada. De hecho, elaboró dos más, pero uno fue retirado antes de su votación en el pleno y el otro fue rechazado.

¿Qué diferencia hay entre las dos técnicas legislativas? En el caso de los decretos ley, quien legisla es el Govern y luego, el Parlament, tiene el papel de decidir si convalida el texto en el margen de un mes. En apenas algo más de un mes, todo el proceso queda resuelto. En cambio, en el caso de las leyes, la iniciativa recae en el Parlament y el procedimiento se puede alargar meses e incluso más de un año. Aunque pueda parecer que la inmediatez del decreto ley es mejor que la lentitud de las leyes, no debería hacerse un uso generalizado. El motivo es que las leyes son mucho más garantistas: hay más debate, los grupos pueden presentar y discutir enmiendas e incluso se invita a los sectores afectados a participar en comisiones parlamentarias.

El conflicto

En conversación con EL PERIÓDICO, el exletrado mayor de la Cámara Antoni Bayona explica por qué se ha llegado a esta situación: "Es una tendencia [la proliferación de decretos ley] que con la pandemia tiene una subida notable. Entonces todo el mundo lo entendió, pero ahora ya no. Yo creo que hay un abuso". Este jurista de larga trayectoria cree que el fenómeno se debe a varias circunstancias. Por ejemplo, que en el Parlament hace más de una década que no hay mayorías amplías que den "estabilidad parlamentaria". Esto hace que sea más factible aprobar una norma exprés como el decreto ley, que una ley. "No se puede decir que la práctica actual sea contraria a la democracia, pero hay un problema de calidad. Quien debería hacer las leyes son los representantes de los ciudadanos [los diputados del Parlament] y no ceder tanto esta potestad al Govern", expone.

En menos de un año en el Govern, Illa ya ha fiado a los decretos ley cuestiones como la vivienda, la contratación pública, la tasa turística, la regulación de zona inundables, el impuesto sobre el patrimonio o los cambio en el IRPF. En la cuestión de la tasa turística, por ejemplo, ha llegado a presentar hasta tres decretos sobre el mismo tema generándose un embrollo considerable. El Consell de Garanties Estatutàries, que se pronuncia sobre las normas en Catalunya, ha llamado la atención al Govern en más de una ocasión por este abuso en el uso extensivo de los decretos. Los partidos de la oposición, como Junts y ERC, también han cuestionado que Illa gobierne "a golpe de decreto", pero ellos también hicieron lo mismo mientras estuvieron al frente de la Generalitat.

"Necesidad extraordinaria"

El profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Joan Ridao ha visto los decretos ley desde muchas ópticas. Ha sido diputado en Barcelona y en Madrid, 'padre' del Estatut y letrado del Parlament. Recuerda que, cuando se elaboró el Estatut, varios partidos eran reacios a permitir que la Generalitat pudiera hacer estos decretos. Él les convenció argumentando que era un instrumento positivo para que el Govern pudiera actuar con rapidez ante situaciones límite.

Por ejemplo, esgrimió entonces que si la Generalitat hubiera podido aprobar decretos cuando hubo el socavón en las obras del metro del Carmel, hubiera tenido más capacidad de reacción ante el problema. Eso sí, recalca que estos decretos solo deberían hacerse por "necesidad extraordinaria" y en "situaciones excepcionales", y esto es lo que con el tiempo se ha acabado por no respetar. "Son para casos concretos de necesidad extrema y absoluta", ahonda.

Otro factor clave para la proliferación de los decretos en detrimento de las leyes, coinciden tanto Bayona como Ridao, es la "permisividad" y "deferencia" que el Tribunal Constitucional ha tenido hacia este tema. En definitiva, que ha sido laxo con el fenómeno, que también hace años que está instalado en el Congreso. Un informe reciente de la Fundación Hay Derecho alertaba de la "creciente irrelevancia" de la Cámara Baja frente al Gobierno por el "abuso" del decreto-ley. Según el documento, esta proliferación de decretos supone el "menoscabo de la función legislativa del parlamento y el inevitable deterioro del proceso parlamentario deliberativo".

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