La Comisión Europea alega contra la amnistía: "Parece ser una autoamnistía"

La ley de amnistía no responde "a un objetivo de interés general", sino que "parece ser una autoamnistía" al haberse aprobado en el marco de "un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España" y ser claves los beneficiarios de la misma para sacarla adelante, expone la Comisión Europea en sus alegaciones a las cuestiones prejudiciales planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. No obstante, el informe descarta que la medida de gracia afecte a los intereses fiscales de la Unión Europea, como cuestionaba el Tribunal de Cuentas.

Según el texto adelantado por El Español, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Bruselas basa su análisis en la asunción de que las leyes de amnistía, generalmente, son "medidas excepcionales que despenalizan hechos que normalmente son perseguidos". Por lo tanto, "establecen beneficios específicos para un grupo de personas", abunda la Comisión Europea antes de señalar que corresponde al órgano jurisdiccional nacional -al Tribunal Constitucional español- examinar si la amnistía cumple con "los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley".

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No obstante, el Ejecutivo comunitario avanza que no parece que la ley responda "a un objetivo de interés general reconocido por la Unión". La Comisión considera que se trata de una "autoamnistía", al haber dependido su aprobación de los votos de personas que se beneficiaban en último término de la ley. También porque la legislación se acordó en el marco de una negociación política para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. 

"Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizandose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho -argumenta la Comisión- parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario". 

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Consenso

Otra de las críticas de la Comisión viene por la tramitación de urgencia. Bruselas se refiere al informe de la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa- que alegaba que la Ley de Amnistía había "ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española". En este sentido, lamenta que no se buscara un consenso más amplio para su aprobación a través del diálogo. 

Bruselas pone también en cuestión el plazo de dos meses que establece la ley para examinar la aplicación de la amnistía si "no permite a los órganos jurisdiccionales competentes la adopción de las medidas procesales [...] para poder evaluar el fondo del asunto pendiente". Otra de las críticas que plantea Bruselas es que se siga aplicando la ley mientras haya dudas sobre su compatibilidad con el derecho comunitario.

Respecto a si están en juego los intereses financieros de la Unión, la duda que plantea el Tribunal de Cuentas en la primera cuestión prejudicial, el Ejecutivo comunitario señala que "no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión", aunque deja en manos de los tribunales nacionales determinar si hubo desvío de fondos europeos para financiar el referéndum del 1 de octubre. 

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha aferrado a este punto para defender que la Comisión Europea asegura que "la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea" y que, por tanto, "aconseja que se inadmita la cuestión prejudicial". No obstante, el dictamen de la Comisión no es vinculante, aunque sí importante para el caso ya que el Tribunal de Justicia debe aún resolver las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas.

Filtración deplorable

Bruselas, sin embargo, no ha querido pronunciarse públicamente. El portavoz del Ejecutivo comunitario para cuestiones relativas al Estado de derecho, Markus Lammert, ha calificado de "deplorable" la filtración del documento que no es público. "Las filtraciones son una violación de los procedimientos legales del Tribunal”, ha dicho Lammert en rueda de prensa, añadiendo que estos “ponen en serio riesgo la sobriedad del procedimiento". 

El comisario de Justicia durante la primera comisión de Ursula von der Leyen, Didier Reynders, se comprometió a examinar la Ley de Amnistía para corroborar si esta se atenía al derecho comunitario. Sin embargo, ese informe de la Comisión está aún pendiente de publicar. Las observaciones publicadas este martes ponen de manifiesto que Bruselas considera la legislación contraria al acervo comunitario.

"No comentamos ni publicamos [el informe] precisamente porque hay un procedimiento judicial en curso", ha defendido la portavoz de la propia von der Leyen, Paula Pinho en rueda de prensa. Pinho ha añadido que este documento no tendría que haberse hecho público y que sería “contraproducente” para la Comisión pronunciarse al respecto.

"No responde al interés general"

En la formación de Alberto Núñez Feijóo, el informe de la Comisión ha sido celebrado. "Nos congratulamos de que suscriba los argumentos que ya defendimos desde el PP", ha dicho Miguel Tellado, portavoz en el Congreso de los Diputados, cuando la prensa le ha preguntado. "Dice exactamente lo que decimos desde el PP", ha insistido antes de destacar que la amnistía "no responde al interés general" y que "los votos de los beneficiados por esta ley son fundamentales para su aprobación". Tellado ha añadido que espera que el Tribunal Constitucional, que este martes empieza a deliberar sobre el recurso del PP contra la medida de gracia, "tome nota y actúe en conciencia".

Por contra, el Govern de la Generalitat sigue manteniendo que la amnistía tiene "efectos beneficiosos" para el país. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha defendido que, a la espera de analizar el documento, se ha seguido "toda la tramitación legislativa necesaria" y con las mayorías parlamentarias requeridas para aprobar esta ley, además de volver a insistir en que hay que aplicarla con la "máxima urgencia y sin subterfugios", la expresión que ha venido utilizando desde el principio de la legislatura, informa Sara González.